El silencio del régimen de Nicolás Maduro levantó un muro para bloquear a la Justicia argentina. De esa manera impide que se investiguen una decena de causas judiciales de gran perfil político.
El Político
El dictador venezolano sabotea investigaciones por las irregularidades en los negocios fomentados por el kirchnerismo hacia Venezuela. Son causas que van tras el destino de unos US $ 3000 millones del patrimonio público venezolano.
En todos los casos están metidos figuras como Julio De Vido, Ricardo Echegaray y Claudio Uberti. Todos personajes de alto vuelo en los gobiernos Kirchner. También están salpicados altos funcionarios chavistas como Américo Mata y Félix Osorio reportó Primer Informe.
Silencio de Maduro
El silencio desde Caracas lo frena todo. Acusaciones por contrabando, sobreprecios y lavado de dinero que son parte de la causa de la crisis venezolana.
La investigación por supuestos sobreprecios en la exportación de maquinaria agrícola a Venezuela es apenas una de las frenadas en la Justicia argentina por la falta de colaboración desde Caracas.
Se trata de maquinaria valorada en hasta 70.000 dólares cada una, pero que apenas pudieron usarse. «Están varadas por un repuesto de 10 dólares».
Investigación en Argentina
Así lo afirma Pedro Vicente Pérez, director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela.
La investigación que instruye el juez Julián Ercolini por supuestos sobreprecios en la venta de maquinaria agrícola a Venezuela avanza a paso lento. Los funcionarios chavistas son solidarios con sus compañeros kirchneristas y la respuesta desde Caracas nunca llega.
El mecanismo para cobrarle sobornos a los empresarios argentinos que quisieran exportar a Venezuela ya ha sido explicado por testigos. Pero sin corroboración de la Justica venezolana no se puede acusar a nadie.
Silencio de Maduro sabotea investigación
La Cámara en lo Penal Económico marcó en 2019 un precedente judicial cuando consideró que era indispensable, si la acusación en los tribunales argentinos era por una defraudación al Estado venezolano, contar con la información sobre las investigaciones en curso en ese país. O aportara documentación probatoria del delito.
El caso de Juan José Levy, una investigación que involucra a este empresario argentino que se hizo millonario con exportaciones a Venezuela a través de un fideicomiso bilateral, es el ejemplo más claro.
El juez Marcelo Aguinsky envió un exhorto en 2018 y todavía espera su respuesta. En estos tres años, el juez insistió doce veces ante la Cancillería para que el gobierno de Venezuela entregara la documentación solicitada. Los pedidos fracasaron.
