Basándose en actas policiales de las Fuerzas Militares de Venezuela, el observatorio de la Fundación Redes en ese país habría constatado una serie de inconsistencias en el inventario de un millón de piezas de armamento, que estarían faltando en cerca de 30 guarniciones del Ejército venezolano, ubicadas en estados fronterizos con Colombia.
En diálogo con EL TIEMPO, Javier Tarazona Sánchez, director de Redes, fundación de defensa de los derechos humanos, aseguró que, tras un proceso de investigación que emprendió en noviembre del 2017 sobre la pérdida de esas municiones, pudo comprobar que el material bélico estaría fortaleciendo el accionar delictivo de organizaciones como el Eln y la disidencia de las Farc, en territorio colombiano.
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La fundación, según Tarazona, prepara un informe sobre este tráfico irregular de armas que será divulgado en 15 entregas durante este año.
También, dice, será un insumo para la denuncia que harán ante el Ministerio Público del vecino país para que esclarezca los hechos.
“Inicialmente teníamos la presunción de que esto estaba pasando, apoyándonos en las actas policiales en las que se leía el faltante de fusiles y pistolas. Pero iniciamos una investigación y pudimos confirmar, a través de testimonios de subalternos del Ejército, que reciben órdenes de la cúpula militar de Venezuela para entregar ese armamento sin problemas”, dijo Tarazona.
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Este defensor de derechos humanos solicitará en los próximos días al Gobierno de Colombia la entrega de las actas forenses de los cuerpos sin vida que han aparecido en zona fronteriza, para descartar si las balas usadas en los asesinatos tienen el sello de la Fuerza Pública venezolana.
Esta diligencia se realizará el miércoles 31 de enero, en el Palacio de Justicia de Cúcuta, en compañía de otras organizaciones sociales que también han manifestado su preocupación por la ola de violencia desatada en plena línea divisoria.
Vía: El Tiempo
