Guyana ha dado el primer paso en torno a la controversia por el territorio del Esequibo. al lograr que la Corre Internacional de Justicia (CIJ) declarase sin lugar las excepciones preliminares hechas por Venezuela sobre ese vasto territorio.
Mario Beroes/El Político
Ahora Guyana va a defender el trazado de una línea arbitraria, que se mete en la proyección del estado Delta Amacuro y nos encierra en un triángulo con Trinidad y Tobago, una zona llena de petróleo.
Trabajar sin distracciones y de manera coordinada son las opciones que le queda al equipo diplomático venezolano, si realmente quiere que se descarte esa propuesta, y recuperar una parte, por pequeña que sea, del Esequibo.
El Equipo abocado a la causa, que lidera el jefe de la Misión Diplomática de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, está obligado a trabajar las 24 horas del día; los 7 días de la semana, si realmente quiere obtener un resultado satisfactorio para el país.
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La Corte Internacional de Justicia (CIJ), declaró sin lugar excepciones preliminares de Venezuela en reclamación por el Esequibo.
Ante esto, la Cancillería venezolana está obligada a prepararse ante cualquier tipo de implicación de lo que se decida, delimitación terrestre y de áreas marinas y submarinas, incluidas.
Junto a Moncada, el otro agente designado para la defensa de este caso es Félix Plasencia, Secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, más conocida por sus siglas, ALBA.
Y es aquí donde comienzan a surgir las debilidades venezolanas, y porque muchos diplomáticos, internacionalistas y abogados ven cuesta arriba, el que Venezuela recupere en su totalidad esos 159.000 kilómetros cuadrados que nos corresponden.
Ninguno de los dos diplomáticos habla con fluidez el idioma inglés y el francés, que son dos de los idiomas en los que obligatoriamente trabaja la CIJ.
Por esas miserias típicas del régimen, muchos diplomáticos, exembajadores en Guyana, geógrafos, agentes para la Reclamación, historiadores, doctores y catedráticos en derecho Internacional público y privado venezolanos, militares, .estudiosos de la CIJ, etc, han sido dejados de lado y su aporte rechazado por no "simpatizar con el partido gobernante venezolano".
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Lo que está en juego es sumamente importante, ya que pasa por lo jurídico, por lo petrolero y por lo internacional con la ExxonMobil como uno de los actores principales, por sus inversiones desde el 2015 con socios, como CNOOC, estatal petrolera china que también es socia de Venezuela. Otro aspecto es la explotación minera en el Esequibo. Y
En lo internacional, Guyana, con su nuevo perfil de ser unos de los 20 países del mundo con mayores reservas de petróleo jugará rudo en materia de opinión pública, como siempre lo ha hecho aprovechando su plantilla de profesionales diplomáticos experimentados y, apelando a la solidaridad internacional casi automática en la Commonwealth, y de ser la nación agredida.
Guyana va por las áreas marinas y submarinas
Según Sadio Garavini di Turno, ex embajador de Venezuela en Georgetown, “como miembros de la ONU, respetuoso de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional, debemos prepararnos seriamente, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender nuestra posición de que el Laudo de 1899 es nulo".
"No se puede olvidar que después de la decisión sobre el Laudo y la definición de la frontera terrestre, es muy probable que la CIJ tendrá que intervenir también en la delimitación de la áreas marinas y submarinas.”
-El Laudo Arbitral solo se refiere a las fronteras terrestres), que posiblemente también recaiga en el mismo tribunal.
“Esto nos interesa mucho, cualquiera que sea la decisión sobre el Esequibo. Guyana ha trazado una línea arbitraria, que se mete en la proyección del estado Delta Amacuro y nos encierra en un triángulo con Trinidad, además en una zona llena de petróleo.”.
A manera de conclusión
Venezuela tiene 12 meses exactos para preparar y presentar sus alegatos y demostrar la nulidad de aquella decisión tomada en París.
El 21 de noviembre de 2022, Venezuela presentó la solicitud de objeción preliminar y sostuvo que debido a que el Laudo Arbitral fue producto de un fraude propiciado por el Reino Unido, ya que la Guayana Esequiba o Británica era una colonia de esa nación, la representación británica debía formar parte del proceso.
Pero la Corte consideró que el Acuerdo de Ginebra (firmado en 1966 entre el Reino Unido, la Guayana Británica y Venezuela) “especifica roles particulares para Guyana y Venezuela, y no establece un rol para el Reino Unido en la elección o participación en los medios de solución de la disputa”
También, indicó que durante la implementación del mecanismo de buen oficiante, una figura que fue acogida por las partes para tratar de aproximar una solución al caso, “hubo acuerdo entre las partes que el Reino Unido no tenía ningún papel en el proceso de solución de diferencias”.
En vista de ello, la Corte rechazo el alegato venezolano, aunque dejó abiertas las puertas a pronunciarse “sobre determinadas conductas imputables al Reino Unido, que no pueden ser determinado en la actualidad” y que ello “no impediría que la Corte ejerciera su competencia, que es sobre la base de la aplicación del Acuerdo de Ginebra”.
Venezuela, según la vicepresidente Delcy Rodríguez, “evaluará sus implicaciones de manera exhaustiva y adoptará todas las medidas a su disposición para la defensa de sus legítimos derechos e integridad territorial”.
La vicepresidenta anunció además que en los próximos días el presidente Nicolás Maduro convocará los sectores nacionales a un diálogo y anunciará las próximas acciones.
La decisión venezolana de no reconocer la vía judicial para la resolución de este caso abre las interrogantes si entonces la República no presentará sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia.
