La estampida migratoria de venezolanos que a diario cruzan las fronteras de los países vecinos, por tierra, mar o aire, confirma la crisis de dimensiones históricas que vive el país.
El desplome de la economía venezolana —la tercera caída más pronunciada que se haya registrado en todo el mundo desde 1960, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) dado a conocer la semana pasada— significa que no hay producción nacional y que el dinero para importar alimentos escasea. ¿La consecuencia? Una crisis humanitaria en la que el hambre campea.
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Cáritas Venezuela, una organización de la Iglesia católica, reportó en un estudio reciente que 65 por ciento de los niños menores de cinco años presentaron “algún grado de desnutrición o estaban en riesgo de tenerla”. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reveló que hasta 11,7 por ciento de la población está en condición de “subalimentación”.
Pero hay una nueva y rapaz clase empresarial que, en connivencia con jerarcas del Estado, no ha tenido pudor para convertir este drama en una oportunidad de negocio, un negocio del que el gobierno de Nicolás Maduro ni habla ni quiere que se hable.
Es el caso de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Los CLAP fueron oficializados como plan estatal en marzo de 2016 y “son el milagro creado por la Revolución”, según advierte el presidente venezolano en sus reiteradas presentaciones por televisión. Hoy existen 32.000 de esos comités en todo el país y las cajas o bolsas de combos de productos de primera necesidad que reparten —con harina de maíz, leche, atún enlatado, arroz y otros granos, pastas y aceite para cocinar, principalmente— alcanzan, según cifras oficiales, hasta tres millones de hogares o doce millones de venezolanos.
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Lo que, en principio, iba a ser un plan para producir desde la base, a modo de células partidistas agrupadas en torno a una utopía comunal, es en la práctica una transacción entre empresas públicas y sociedades de maletín creadas para esconder a los verdaderos beneficiarios en distintos paraísos fiscales. Estos, al ser descubiertos, se muestran dispuestos a silenciar el trabajo de la prensa.
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Seis de cada diez venezolanos reciben con intermitencias la caja CLAP como fórmula para sobrevivir a la ya crónica escasez de alimentos y al insoportable costo de la vida. Para el gobierno venezolano también es un mecanismo de control político que contribuyó “sustancialmente a ganar la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones de gobernadores y las elecciones de alcaldes, transformándose también en una herramienta de movilización y de consciencia política”, admitió Freddy Bernal, coordinador nacional del programa.
El programa, en el que el gobierno gastó cerca de 5000 millones de dólares entre 2016 y 2017, ha sido para unos cuantos el origen de sus crecientes fortunas. Detrás de las importaciones masivas para los CLAP desde México, Panamá, Colombia y, más recientemente, Turquía están empresarios cercanos al poder que hacen las veces de intermediarios.
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Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, un dúo de empresarios colombianos contratistas del chavismo desde al menos 2011, por ejemplo, están entre los grandes ganadores de este negocio, gracias a una enrevesada trama de empresas offshore que recorre el mundo. Luisa Ortega Díaz, la fiscala general de Venezuela, destituida y en el exilio desde el año pasado, acusó a los dos empresarios de ser los operadores de una empresa llamada Group Grand Limited, registrada en Hong Kong y con filial en México, que según la fiscala pertenecería al propio presidente venezolano.
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