El 20 de mayo, Venezuela realizará elecciones presidenciales. Estas elecciones no serán justas y no cumplirán los estándares básicos de transparencia, según la gran mayoría de la oposición venezolana y los miembros de la comunidad internacional. Están listos para volver a elegir al presidente Nicolás Maduro por otro período de seis años.
Por: Antulio Rosales / The Global And Mail
El gobierno de Maduro está usando las terribles condiciones de la mayoría de los venezolanos para mantenerse en el poder.
El 90% de los venezolanos informaron que no tenían dinero suficiente para comprar alimentos en una encuesta nacional. La gran mayoría de los venezolanos comen menos de tres veces al día y más de la mitad han perdido un promedio de 12 kilos de peso.
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La pobreza relacionada con los ingresos ha aumentado al 87% de los hogares, y la pobreza extrema al 60%. En un contexto de hiperinflación y escasez, más de un tercio de los hogares informan que no compran ninguna fuente de proteínas, mientras que más del 40% de los hogares dependen principalmente de los tubérculos como base para sus necesidades dietéticas.
El gobierno se aferra a un discurso que aparentemente favorece a los pobres, aprovechando el recuerdo de la bonanza petrolera y las políticas sociales erigidas por la Revolución Bolivariana. A medida que la crisis económica del país se desarrollaba en los últimos cinco años, estas políticas se han deteriorado o se han eliminado del todo. Los pocos que quedan se utilizan como mecanismos de control social y coerción política.
¿Qué pasó con las políticas sociales por las que se hizo conocido al gobierno? En 2015, alrededor de 2,6 millones de personas informaron ser beneficiarias del programa de atención de la salud, Misión Barrio Adentro, que brinda a las comunidades acceso a la atención primaria. Solo 200,000 personas usaron el programa en 2017.
Ramón Guillermo Aveledo denuncia “campaña sucia” contra el Frente Amplio
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Todos los esfuerzos del gobierno se han dirigido ahora a la distribución de alimentos. En 2017, 12.6 millones recibieron cajas de alimentos subsidiadas por el gobierno llamadas cajas CLAP.
El CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) es una red centralizada por autoridades militares. Las cajas se distribuyen de manera discrecional a los consejos vecinales sin la supervisión formal de los funcionarios electos. La red responde directamente al presidente.
Las cajas de CLAP no se entregan regularmente, sus precios varían y su contenido es inconsistente. La mayoría de las personas los usan no como su principal fuente de alimentos, sino como una herramienta para el trueque. Se han encontrado productos básicos como leche en polvo sin los nutrientes necesarios para proporcionar calcio y proteínas a un niño. La leche importada cuesta apenas US $ 1 por kilo, pero los funcionarios del gobierno informan que paguen entre US $ 4 y $ 7. Este es un esquema de corrupción que se beneficia del hambre de las personas.
El gobierno distribuye estas cajas a través de una identificación conocida como “el Carnet de la Patria “. Esta identificación tiene un código QR utilizado para almacenar información sobre los ciudadanos, sus condiciones socioeconómicas, los beneficios que reciben y dónde viven. También se usa para reemplazar la identificación de ciudadanía tradicional.
En la Venezuela “socialista” el bono alimenticio en ticket no es canjeable
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Los funcionarios del gobierno exigen esta identificación como un requisito previo para los procedimientos burocráticos comunes y como una forma de obtener beneficios del gobierno. La mayoría de las personas que reciben cajas CLAP informan que tienen un titular de “Carnet de la Patria” en sus hogares.
Lo más importante es que el gobierno ha utilizado esta herramienta para obligar a la población a participar en la política a su favor.
Lo ha hecho desde 2017 cuando organizó elecciones poco competitivas donde las condiciones electorales y las mesas electorales han cambiado considerablemente. Los llamados “puntos rojos”, que son carpas rojas ubicadas fuera de los colegios electorales, han sido equipados con computadoras y líneas telefónicas para facilitar la movilización de los votantes durante el día de las elecciones. Aquí, los activistas del gobierno exigen que las personas activen sus tarjetas de identificación antes de emitir su voto. Este procedimiento funciona junto con amenazas y sugerencias de que el gobierno puede saber por quién votaron. En definitiva, lo que está en riesgo para los venezolanos comunes es su acceso a alimentos subsidiados.
El uso de formas electrónicas de recopilación de datos ha sido exitoso para asegurar la participación en las elecciones. La victoria del gobierno en las elecciones regionales de 2017 (en las que ganaron 18 de los 23 escaños) fue en gran medida debido al uso de este mecanismo. Tuvo éxito en centros urbanos y barrios pobres. Aunque el apoyo de la oposición ha aumentado en esas áreas, las personas aquí son más vulnerables a la presión del gobierno y la dependencia de los alimentos subsidiados por el gobierno es mucho mayor.
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La crisis económica actual se ha utilizado como una oportunidad para manipular las necesidades de apoyo político y disciplina de las personas más pobres. Contrariamente a la retórica del gobierno, el gobierno del Sr. Maduro ha reducido o eliminado las políticas de protección social. Han centrado su política social en una red militarizada de distribución de alimentos orientada al control político.
Para que las elecciones de mayo satisfagan los principios de equidad mínima, como mínimo, el gobierno debe permitir el apoyo humanitario internacional canalizado a través de organizaciones independientes. Además, una garantía crucial sería desmantelar los puntos focales de vigilancia y control.
