Organismos de Honduras y de Estados Unidos han investigado el entramado de negocios ilícitos en los cuales está involucrado el Partido Nacional que gobierna desde 2010, una agrupación de funcionarios involucrados en empresas ilegales, desde madera hasta narcotráfico y malversación de dineros públicos.
El Político
Honduras es uno de los centros de operaciones del narcotráfico más importantes entre Suramérica y México.
Azotado por problemas de corrupción en todos los poderes del Estado y en la fuerza pública, Honduras evolucionó de ser un país de tránsito a uno en que los grupos criminales, protegidos por el sistema político, desarrollaron la capacidad de producir clorhidrato de cocaína
La Fundación InSightCrime está dedicada al estudio de la principal amenaza de la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe. Este institución acaba de revelar el resultado de una investigación que realizó a la familia Hernández Alvarado. Uno de cuyos miembros es Juan Orlando Hernández, el jefe del gobernante Partido Nacional y presidente de Honduras desde el año 2014.
Los hechos muestran que cada vez más personas huyen de las condiciones precarias en ese país y merecen ser atendidas, mientras los gobernantes cada día son más ricos.
Las conexiones con el narcotráfico
En el centro de las actividades criminales en Honduras hay una relación simbiótica entre los delincuentes y algunos políticos de alto nivel.
Según los expedientes acopiados por los fiscales estadounidenses, el toma y dame con la familia Hernández, fue producto de un acuerdo con el presidente Juan Orlando Hernández. Mediante el cual no extraditarían a algunos criminales a cambio de apoyo financiero para su partido y su familia.
El presidente niega esos señalamientos e insiste en que él ha extraditado a numerosos narcos a Estados Unidos, incluidos supuestos aliados de su hermano Tony.
Investigadores hondureños y estadounidenses señalan que el apoyo financiero permitió a Hernández ganar la presidencia. Una vez mediante votación popular legítima, en 2013. Y otra en circunstancias muy dudosas cuatro años después. Cuando, luego de un sospechoso corte de energía después de las votaciones, los resultados presentaron un cambio total a su favor para superar el déficit.
Aunque observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) declararon posteriormente que su reelección en 2017 fue obtenida en circunstancias sospechosas, Hernández permaneció en el palacio presidencial.
Mientras tanto, algunos líderes del partido mantienen su relación con el narcotráfico, pese a la condena de Tony Hernández y los rumores diplomáticos casi permanentes sobre la relación del mismo presidente Hernández con traficantes.
“El grado de penetración del narcotráfico en el mundo político en Honduras sigue siendo muy alto”, declaró un diplomático latinoamericano que trabajó con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH ) hasta finales de 2019, en entrevista con InSightCrime.
La financiación del proyecto político
Juan Orlando Hernández Alvarado fue diputado en el Congreso Nacional por el departamento de Lempira desde 1998. Lo presidió entre 2010 y 2013. El 24 de noviembre de 2013 fue elegido Presidente constitucional de la República de Honduras en las elecciones generales. Ganó por un margen del 36%. Se registró una participación récord del 61% de los electores.
En 2016 fue el candidato oficial del Partido Nacional de Honduras para las elecciones generales de Honduras de 2017. Gracias a polémicos cambios realizados durante su gobierno a la constitución para legalizar la figura de la reelección presidencial. Resultó ganador por un estrecho margen. Diversos análisis arrojaron serias dudas sobre la transparencia en los comicios. Por lo que la Organización de Estados Americanos recomendó celebrar nuevas elecciones
Desviaban el dinero de programas sociales
Mucho antes de que Juan Orlando asumiera la presidencia y su hermano Tony comenzara a trasegar drogas por las principales rutas de tráfico de cocaína del país, su hermana Hilda Hernández se abrió camino en las filas del Partido Nacional.
Comenzó a los 36 años, durante la administración del presidente Ricardo Maduro (2002-2006), pero su carrera política despegó realmente cuando fungió como secretaria de Desarrollo e Inclusión Social en el mandato de Porfirio Lobo (2010-2012).
Como ministra su tarea era coordinar el desembolso de dineros públicos para programas sociales. Su cargo le dio las herramientas para crear una potente fuerza política. Creó una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas de papel mediante las cuales podía canalizar recursos destinados por el gobierno.
Esas ONG y empresas firmaron contratos con el gobierno para proyectos de desarrollo social. Parte del dinero se invirtió en esos proyectos. Pero, según las investigaciones realizadas por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), las dos entidades encargadas de investigar la corrupción en Honduras, parte del dinero se desvió a políticos y campañas políticas. Incluida la del hermano de Hilda, Juan Orlando, cuando aspiraba a la presidencia en 2013.
Crearon 279 fundaciones a su servicio
Específicamente, un funcionario de alto rango del gobierno, que trabajó en la investigación, dijo que Hilda creó unas 279 fundaciones. Los investigadores creen que desde ellas pudieron haberse malversado hasta 360,6 millones de dólares de dineros públicos.
Desde el comienzo fue un asunto familiar. Hilda solicitaba dinero para proyectos por medio de lo que se conocía como el Fondo de Desarrollo Departamental. Ese fondo era controlado por el Congreso, cuyo presidente en esa época era su hermano Juan Orlando. El Congreso autorizaba la entrega de los fondos a las fundaciones. Ese dinero se desviaba a las cuentas personales de políticos o era cobrado en efectivo por cómplices de Hilda.
Algunos proyectos eran pequeños, como la distribución de útiles escolares, y por ende difíciles de rastrear. En otros casos, se otorgaron contratos a ONG para asuntos como pesticidas y fumigación, cuando las ONG se decían especializadas en desarrollo juvenil. Unos 360 políticos y funcionarios activos y retirados de gobierno se beneficiaron de ese esquema.
Robo a escala
“Se robaron todo el dinero”, comentó a InSight Crime un funcionario que trabajó en las investigaciones al hacer referencia al dinero apropiado por la ministra. El caso era tan grande que las autoridades lo dividieron por partes.
Un documento presentado por la MACCIH y la UFECIC a las cortes hondureñas en junio de 2018 mencionaba dos organizaciones: Dibattista y Todos Somos Honduras, que según las investigaciones malversaron 12 millones de dólares.
El dinero, relataron los investigadores, se dirigió a las campañas políticas de los partidos Nacional y Liberal en 2013. El caso se conoce como la “Caja de Pandora”. En esos documentos de la corte no se mencionaban los nombres de Hilda y de Juan Orlando Hernández.
Fue solo hasta después de que Fernando Suárez se entregó a las autoridades, en noviembre de 2018, cuando se conectó a la familia. Suárez era uno de los cómplices de Hilda Hernández que cobraba pagos para ella.
Fernado Suárez figuraba como representante legal de las dos fundaciones mencionadas por la MACCIH y la UFECIC. Él dijo que parte de esos dineros se usaron para respaldar las campañas políticas de Juan Orlando Hernández.
Acusaciones a dos presidentes
La declaración de Suárez vinculaba a dos presidentes con el esquema de corrupción. Según Suárez, en la administración de se desviaron los fondos a las ONG. El dinero se retiraba en cuanto era depositado en las cuentas de las fundaciones.
“Era muy simple: se retiraba el dinero en efectivo y se llevaba en vehículos del servicio secreto”, contó Suárez a las autoridades, para referirse a la guardia presidencial de Lobo.
No se sabe con claridad qué sucedía a partir de ahí. Pero los fiscales afirman que el dinero iba a los bolsillos particulares de los políticos y a las arcas del Partido Nacional. Lobo niega las acusaciones y sostiene que Suárez es un“testigo fabricado”.
Suárez declaró que fue Hilda Hernández quien le dio la instrucción de dirigir los pagos a la campaña de su hermano. Ella nunca retiró el dinero ni hizo los pagos por sí misma, para que su nombre no apareciera en ningún documento, señalan los investigadores.
Sin embargo, según Suárez, cuando el dinero entraba al Partido Nacional era ella quien lo manejaba. Hilda Hernández falleció en diciembre de 2017 en un accidente aéreo.
La campaña presidencial parecía difícil. Según Suárez el dinero “fue indispensable” para la campaña de Hernández en 2013. Hernández ganó con el 37% de la votación, un margen mayor de lo esperado.
Entretanto, otro proyecto familiar aún más perverso tomaba forma en el campo, cerca de la frontera con Guatemala.
Plantaciones y procesamiento de drogas
Un informante que trabaja en el departamento de Lempira, en el occidente del país, miró al general Leandro Osorio y dijo: “yo sé de un sitio donde hay drogas”.
Era mediados de enero de 2014. Osorio, jefe de la División de Inteligencia de la Policía Nacional de Honduras, pidió evidencia a su informante. Este le mandó unas fotografías de lo que parecía un invernadero oculto en medio de las montañas. Luego, el policía haría unas declaraciones sorprendentes sobre el caso.
El invernadero estaba cerca de La Iguala, una pequeña población enclavada en las montañas de Opalaca. A unas cuatro horas en auto, y una hora y media más a pie desde Tegucigalpa. Cerca de Gracias, la cabecera departamental de Lempira y lugar de origen del clan Hernández, la familia del presidente de Honduras.
Ese clan era conocido por sus pequeñas plantaciones cafeteras en Lempira y sus grandes ambiciones políticas. Además de Juan Orlando Hernández, su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández era diputado suplente en esa época; y su otro hermano, Amílcar, era coronel del ejército.
Más de una hectárea
Osorio, junto con una unidad élite de la policía, se dirigieron a las montañas pasada la medianoche del 31 de enero de 2014. Sin notificar a sus superiores en Tegucigalpa y dando no más que una pizca de información vaga a la Fiscalía General.
“Yo era el único que sabía lo que íbamos a hacer”, relató Osorio años después en Tegucigalpa a InSight Crime. “A los fiscales solo les dije que teníamos información de un lugar donde supuestamente había drogas”.
A las 5 de la madrugada, Osorio y su unidad habían conducido hasta donde era posible. Se bajaron del camión y empezaron el camino a pie. Osorio contó que era una subida dura. Kilómetros de camino cuesta arriba en medio de selva y matorrales espesos.
Cuando llegaron a las coordenadas, pudieron ver las plantas de coca y marihuana alrededor de un pequeño invernadero. Revisaron cuidadosamente los sembrados y el invernadero. Hallaron un rifle calibre 22, dos generadores grandes y varias botellas con diésel.
En total, el general y su unidad encontraron 1.800 plantas de amapola, 800 de marihuana y unas 6.000 panelas de coca. “Era casi una hectárea y media de selva”, puntualizó.
Comprobación del relato
InSight Crime corroboró el relato de Osorio con documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). En estos documentos, elaborados luego en una investigación distinta, hay referencias al laboratorio de La Iguala, a la protección que recibía, y a la supuesta relación de Tony Hernández con el mismo.
Osorio dice que empacó algunas de las plantas en su vehículo para presentarlas como evidencia de su hallazgo y quemó el resto, lo que según sus palabras era un procedimiento de operación estándar. Luego, fue a Gracias a informar a la Policía Nacional y a la Fiscalía con sede en la ciudad. Fue ahí donde empezaron sus problemas.
La conexión narco
A comienzo de 2014, los dos grupos narcotraficantes más importantes del país sufrieron fuertes golpes cuando sus jefes se entregaron a Estados Unidos o fueron capturados y posteriormente extraditados a Estados Unidos para responder por sus cargos.
Al mismo tiempo, según fiscales estadounidenses, Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente y diputado suplente, trató de valerse de sus conexiones políticas para posicionarse como narco en Honduras.
Nunca tuvo mucho éxito del todo. Pero entre él y su poderosa familia crearon una especie de federación con diferentes líderes políticos y funcionarios de gobierno. Quienes apoyaron las operaciones legales e ilegales en sus territorios.
Documentos judiciales de Estados Unidos, que citan a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y a varios fiscales estadounidenses, indican que Tony trabajaba con sus hermanos, Juan Orlando e Hilda Hernández. Según esos documentos facilitaban su empresa narcotraficante.
Desde Gracias, Tony se fue abriendo camino. Aunque hoy en esta ciudad rodeada de montañas la fama del hermano menor del presidente es enorme, no siempre fue así.
Un veterano político local, recuerda a Tony como un tipo afable. Que era popular en Gracias por su venta de carne asada cerca del estadio de fútbol. Esos días parecen ahora lejanos.
Operaciones cerca de la frontera
Quizás por su proximidad con Lempira, la cuna del poder político de la familia Hernández, Tony centró sus operaciones en los departamentos vecinos. Y en la frontera con Guatemala, donde la cocaína ha encontrado históricamente una ruta en dirección al Norte.
Fue en los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, donde Tony comenzó su cruzada. Esta zona es un territorio marcado por el feroz control territorial ejercido por el clan de la familia Valle y otros actores criminales. Su primera alianza importante fue con Alexander Ardón, alcalde de El Paraíso, Copán, y socio de los Valle.
Durante ese periodo, Tony fue “un mandadero”, según relató un exagente de inteligencia del ejército. Pero luego comenzó a trabajar con Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”.
Morales era un actor importante en el mundo del narco. Por medio de él, Tony Hernández comenzó una participación más directa en el negocio. A cambio, según dijo Rojo a los fiscales estadounidenses, le dio dinero a Tony para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández al Congreso en 2005.
Según documentos de las cortes estadounidenses, en 2010 Tony le anunció a Ardón que quería independizarse de la familia Valle Valle. Ambos acordaron recibir cargamentos de cocaína en La Mosquitia, una región selvática al noreste de Honduras. Algunos de aquellos cargamentos eran marcados con las iniciales TH, y luego enviados a Estados Unidos.
La Iguala
Fue por esa época cuando Osorio entró al laboratorio de drogas en La Iguala. Antes de bajar de la montaña, Osorio interrogó al colombiano que había arrestado en el invernadero, quien le dijo que le habían pagado 25.000 dólares para cuidar el lugar.
No dijo quién lo contrató, pero Osorio tuvo la corazonada de que era alguien importante, cuando relató el caso a los fiscales y la policía.
“Fue un momento muy estresante cuando los fiscales no querían tomar los casos de los detenidos y los jueces no querían colaborar”, recordó Osorio al referirse a sus visitas a la policía y las oficinas de los fiscales en Gracias.
Una gran protección
En cierto momento, mientras daba parte a otras autoridades, otro policía reiteró lo que el informante le había dicho a Osorio, solo que esta vez con más detalles: que Osorio se las estaba viendo con redes muy bien conectadas, entre las que se encontraba el comandante de la Policía Nacional, Josué Constantino Zavala Laínez, quien estaba asignado a la zona, y con Tony Hernández.
Osorio volvió a Tegucigalpa e informó a sus superiores, pero las cosas no hicieron más que empeorar. Osorio se enteró de que liberaron al colombiano y se archivó la investigación sobre el laboratorio de drogas.
Los fiscales también se abstuvieron de investigar la posible conexión de Tony Hernández con las plantaciones. Osorio fue trasladado y más adelante dado de baja definitivamente de la policía.
“Mi baja se remonta a ese operativo en La Iguala y a otros operativos similares para los que no pude lograr el apoyo ni del ejército ni de los fiscales. No existe una sola denuncia en mi contra por violaciones de derechos humanos ni por nada más”, comentó a InSight Crime.
Detención de Tony Hernández
Para Osorio, la ironía fue mayúscula. En octubre de 2018, Tony Hernández fue detenido en Miami por narcotráfico. Un año después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó información sobre la presunta “actividad criminal de Tony Hernández Alvarado y sus cómplices”. Incluido uno de sus supuestos socios: el comandante de la policía Zavala Laínez, el mismo que se hizo cargo del caso del laboratorio en La Iguala.
Según un testigo citado por el DOJ, Zavala Laínez se reunía con Tony para coordinar actividades en ese laboratorio. En una de esas entrevistas, Hernández “le agradeció” a Zavala Laínez por su protección, dicen los documentos.
El esquema era también político. Según los fiscales estadounidenses que posteriormente formalizaron la imputación contra Tony, la familia Hernández y otros conspiradores usaron dinero del narcotráfico para “financiar las campañas de los candidatos del Partido Nacional" (PN) en Honduras. Incluidas las presidenciales de 2009 y 2013, con el fin de mantener su poder y su influencia política.
Como resultado de eso, en 2014, ”el acusado no solo era un violento narcotraficante, capaz de mover varias toneladas de drogas, sino también diputado”.
Otras conexiones con el narcotráfico
Tony no fue la primera conexión del Partido Nacional con el narcotráfico transnacional. Antes de él estuvo Fabio Lobo, el hijo del presidente Porfirio Lobo, quien en 2017 fue sentenciado a 24 años de prisión por cargos de narcotráfico.
Los expedientes judiciales dicen que Lobo pidió más dinero para pagarle a Julián Pacheco. El general del ejército convertido en ministro de seguridad que, según un testimonio de la Corte, dio protección a una caravana que transportaba drogas hasta la frontera con Guatemala.
Pacheco negó las denuncias, a las que calificó de mentiras proferidas por criminales en busca de una reducción de penas en EE.UU. El general sigue siendo ministro de seguridad del presidente Hernández y también resultó vinculado a la empresa de Tony,
En 2019, Tony Hernández fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Fuente: InSightCrime
