En la decisión este 3 de noviembre del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, la organización Américas de Human Rights Watch (HRW) estima que se trata de la “primera investigación de la CPI en las Américas y ocurre en respuesta a la brutal arremetida represiva del régimen de Maduro contra el pueblo venezolano”.
El Político
En su sitio Web, HRW desglosa su apreciación sobre la decisión. Su director para las Américas, José Miguel Vivanco, refresca que seis estados miembros de la CPI solicitaron en febrero de 2018 que la Fiscalía de la CPI investigara posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Precisa que fue la primera vez que un grupo de países solicitó en conjunto un seguimiento sobre presuntos delitos cometidos en el territorio de otro Estado miembro de la CPI. Y que esta remisión por los estados permite que el fiscal inicie una investigación sin aprobación previa de jueces de la CPI.
Vivanco observa: “El fiscal de la CPI tiene el mandato de investigar a los máximos responsables de los delitos internacionales más graves. Su decisión de hoy sobre Venezuela es un mensaje contundente no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron. Sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron”.
En diciembre de 2020, la Fiscalía informó que sobre la base de la información disponible durante su examen preliminar, existían motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Estos incluían, al menos, desde abril de 2017, los crímenes de lesa humanidad de “encarcelación u otra privación grave de la libertad física”, “tortura”. Y “violación y otras formas de violencia sexual”. Así como “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos” por parte de las autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno.
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Añade que la anterior fiscal, Fatou Bensouda, anunció en junio, al finalizar su mandato, que su oficina había concluido el examen preliminar. Sin embargo, al mismo tiempo, las autoridades venezolanas solicitaron a la corte que los jueces intervinieran en el examen preliminar. Y la fiscal no anunció públicamente sus conclusiones. En julio, el tribunal rechazó la solicitud de Venezuela.
En un escrito de junio de 2021, publicado en agosto, la Fiscalía de la CPI concluyó que “las autoridades no tienen interés en investigar ni juzgar genuinamente tales casos. Porque “los procesos internos se llevaron a cabo. O las decisiones judiciales se adoptaron. Con el propósito de proteger a las personas de su responsabilidad penal. Más aún: los procesos internos no se concluyeron de manera independiente o imparcial. Lo que significa que se llevaron adelante de una manera inconsistente con la intención de llevar a la persona implicada ante la justicia”.
El 16 de septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas presentó su primer informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En dicho documento concluyó que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos” en Venezuela, cometieron gravísimos abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Vivanco recuerda que los expertos independientes que lideran la misión señalaron que tenían motivos razonables para sostener que “la mayoría de las violaciones y crímenes se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil. Y de conformidad con políticas estatales. Los expertos también concluyeron que “ciertas autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos y contribuyeron a su comisión”. Y que “comandantes y superiores sabían o deberían haber sabido de su comisión. Y no adoptaron medidas para prevenirlos o reprimirlos”.
**Importante**
El Fiscal de la Corte Penal Internacional ha decidido abrir una investigación sobre Venezuela.
Esta decisión —la primera en la historia de América Latina— le da una esperanza de justicia a las cientos de víctimas de la represión brutal del régimen de Maduro.
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 3, 2021
Abusos generalizados contra opositores
En informes que HRW publicó en 2014 y 2017, y que compartió con la Fiscalía de la CPI, Vivanco señala que se cometieron abusos generalizados durante la arremetida contra opositores en Venezuela. Indica igualmente que agentes de las fuerzas de seguridad golpearon y torturaron gravemente a detenidos. También emplearon la fuerza de manera desproporcionada. Cometieron abusos violentos contra manifestantes y transeúntes en las calles y detuvieron arbitrariamente y procesaron a opositores del gobierno. El tipo de abusos y el momento en que se produjeron, así como el uso frecuente de epítetos políticos por quienes los cometieron, sugieren que el propósito no fue hacer cumplir la ley. Ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas.
Las investigaciones de HRW demuestran que los abusos no fueron casos aislados. Ni el resultado de excesos cometidos por agentes insubordinados. Por el contrario, los reiterados abusos generalizados por parte de distintas fuerzas de seguridad, durante un período de tiempo determinado. Y en múltiples lugares, permiten concluir que los abusos han sido sistemáticos. HRW también documentó casos de desapariciones forzadas que se extendieron durante varios días o semanas, así como otros abusos aberrantes desde 2014.
RWH Añade que entre 2016 y 2019, policías y agentes de las fuerzas de seguridad provocaron la muerte de casi 18 mil personas en Venezuela. Casi todos en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”. Aún no existe información detallada respecto a cuántas de estas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó que “muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”. En seis de los casos documentados por la ACNUDH, las personas asesinadas eran opositores del gobierno o personas percibidas por las autoridades como tales. Las ejecutaron agentes durante redadas que tuvieron lugar después de protestas contra el gobierno.
Fuente: Human Rights Watch
