La relación entre el régimen que encabeza en Venezuela, Nicolás Maduro Moros y los movimientos narcoguerrilleros colombianos como el ELN, es cada vez más evidente.
Mario Beroes/El Político
Ahora, una nueva denuncia acompañada de numerosas pruebas, se anexa al expediente, la de Human Rights Watch (HRW).
El organismo denuncia que miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y militares, venezolanas habrían desarrollado operaciones conjuntas con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Estas "operaciones conjuntas", desarrolladas en la zona fronteriza con Colombia, serían para terciar en la disputa por el control de dicha zona fronteriza.
Una zona que es rica en minerales, ganado y además, lugar de tránsito para sacar la droga que se produce en los laboratorios ahí ubicados.
3.800 desplazados
Según informaciones dadas a conocer por la agencia AP, los combates entre grupos armados ilegales han obligado a desplazarse a más de 3.800 personas en el departamento fronterizo de Arauca, en Colombia, y el estado Apure, en Venezuela.
Añade HRW, que se han registrado decenas de asesinatos.
Los enfrentamientos en esta zona estratégica de paso de contrabando y narcotráfico son entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
También operan grupos hamponiles venezolanos, como el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y ahora carteles mexicanos y grupos de garimpeiros del Brasil.
La denuncia de HRW acusa en particular a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana.
Estos organismos de seguridad venezolanos serían “cómplices de abusos” contra la población civil al apoyar al ELN en su ofensiva contra las disidencias de las FARC.
Abusos de grupos armados en zona fronteriza
De acuerdo con un informe llamado “Colombia/Venezuela: Abusos de grupos armados en zona fronteriza” que está basado en entrevistas a más de 100 personas y visitas al terreno en Arauca y Vichada.
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, denunció en febrero el presunto apoyo de las fuerzas militares venezolanas al ELN.
"Con este apoyo buscan sacar de Apure a las disidencias de las FARC que les estaban robando rutas de narcotráfico, que los estaban confrontando”.
El gobierno de Nicolás Maduro ha negado dicha complicidad y ha asegurado que está combatiendo al grupo “Terroristas, armados, narcotraficantes de Colombia” a los que acusa de estar “infiltrando” su país con apoyo de la “oligarquía colombiana”.
HRW: Problema entre narcoguerrilleros
Para HRW, las operaciones de las fuerzas militares de Venezuela contra los grupos armados colombianos “parecen haber tenido como objetivo” a las disidencias de las FARC que se enfrentan con el ELN y no a “otros grupos”.
La guerrilla de las FARC, la que fuera la más antigua de América Latina, hizo en 2016 un acuerdo de paz con el Estado colombiano para frenar más de cinco décadas de conflicto interno.
Sin embargo, este acuerdo nunca se cumplió totalmente, problema que Iván Duque, presidente de Colombia, heredaría de su antecesor, Juan Manuel Santos.
Entregaron las armas más de 13.000 combatientes, sin embargo, un grupo no se acogió y otro desertó con el pasar de los años.
Así nacieron las disidencias de las FARC que están divididas e incluso se enfrentan entre ellas.
Se pueden dividir en dos grandes bloques: la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, quien fue un negociador de paz de las FARC.
El otro bloque lo componen las disidencias de alias “Gentil Duarte” que tiene bajo su mando el llamado Comando Conjunto del Oriente.
Ambos delincuentes cuentan con la protección de la dictadura venezolana, cuestión que ha sido comprobada y documentada en infinidad de ocasiones.
Población civil la más afectada
El informe, HRW denuncia que tanto el ELN como las disidencias de las FARC han cometido “múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado”.
En ambos lados de la frontera la población civil, agregó HRW, ha quedado en medio de los enfrentamientos y en varios casos han sido acusados de pertenecer al grupo armado enemigo o han sido reclutados forzosamente para combatirlo.
HRW documentó varios casos, entre ellos el de Álvaro Peña Barragán, de Arauca, asesinado por hombres armados el 25 de enero.
Durante su funeral, según un testigo, fue asesinada su esposa Rosalba Carmenza Tarazona Ortega.
“La evidencia inicial indica que miembros del Comando Conjunto de Oriente asesinaron a ambos alegando que habían cooperado con el ELN, según dijeron funcionarios locales a Human Rights Watch”.
Entre enero y febrero se registraron 103 asesinatos en Arauca, según la policía colombiana.
De acuerdo con HRW se trata de la cifra de homicidios más alta reportada en el mismo periodo desde 2010.
“Varias fuentes creíbles indicaron que algunas de las personas asesinadas pueden haber sido miembros de grupos armados, pero otras eran civiles”, indicó el informe.
