La organización Human Rights Watch considera que el proyecto para regular las redes sociales propuesto por el líder de la mayoría del Senado de México, Ricardo Montiel, podría limitar gravemente la libertad de expresión. La razón es que el instrumento legal exigiría a las empresas censurar amplias categorías de contenidos digitales, lo cual contradice las normas internacionales vigentes.
El Político
El plantemiento de Monreal, del cual Human Rights Watch pide desistir, fue presentado el pasado 8 de febrero; pocas semanas después de que Twitter y Facebook suspendiera la cuenta del expresidente Donald Trump. El proyecto, presentado en su página web, plantea regas a las redes sociales de usuarios en México.
Ya en enero el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había expresado su desacuerdo con el poder de las redes sociales para suspender las cuentas de Trump, recuerda Human Rights Watch en su portal web.
“Este proyecto impondría las restricciones más severas a la libertad de expresión que México ha visto en décadas; y allanaría el camino para que se prohíba la operación de las redes sociales y para que el gobierno pueda censurar contenido con el cual esté en desacuerdo”, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Aunque el senador Monreal sostenga que su intención es proteger la libertad de expresión en México, este proyecto haría exactamente lo contrario”, dijo reseñado por Human Rights Watch.
Contenido del proyecto
Con este proyecto, el Instituto Federal de Telec
omunicaciones (IFT), regulador mexicano de telecomunicaciones y radiodifusión, se convertiría en el árbitro final en la moderación de contenidos. De esta forma, este ente tendría potestad para habilitar o anular las decisiones de las operadoras de redes sociales; entre ellas las relacionadas con la forma y momento de eliminar publicaciones, y suspender o cancelar cuentas.
También le permitiría al IFT sancionar a operadores de redes sociales con multas de hasta 4,4 millones de dólares si incumplen sus normas; o si el IFT está en desacuerdo con sus decisiones sobre moderación de contenidos. Un proyecto de este tipo agudizaría la concentración de los medios; ya que estos se verían en la necesidad de obligar a las empresas pequeñas a dejar de operar en México para evitar grandes multas.
Según este proyecto, toda red con al menos un millón de usuarios necesitará permiso del IFT para operar en México. El IFT podría establecer normas sobre cómo deben operar las redes; y estaría facultado para revisar y modificar los términos de servicio de las redes; es decir, las reglas que deben cumplir los usuarios.
Licencia para prohibir redes sociales
Esto en la práctica representaría una licencia a la IFT para prohibir cualquier red social en México o impedir que usuarios en el país azteca se unan a una red no autorizada; lo cual implica limitaciones significativas a la libertad de expresión. Asimismo, podría alentar a los operadores de redes sociales a bloquear usuarios en México para evitar ser sometidos al proceso de revisión del IFT.
Asimismo, exigiría que las redes sociales censuren algunos tipos de expresiones, como “mensajes de odio” y “noticas falsas”, así como cualquier otro tipo de expresión cuando el IFT lo considere necesario para proteger el “orden e interés público”.
La propuesta del senador Monreal no establece parámetros sobre las implicaciones de esos términos, lo cual obligaría a los operadores de redes sociales o al IFT a determinar si un enunciado es verdadero o falso. Estos elementos planteados en el proyecto podrían generar censura previa de contenidos legítimos, dice Human Rights Watch; esto a su vez daría pie al gobierno para obligar a las redes sociales a censurar contenidos con los que esté en desacuerdo.
Asimismo, el planteamiento es incompatible con la prohibición de la censura previa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, considera Human Rights Watch. Finalmente, el proyecto prohibiría que las redes sociales moderen el contenido en sus plataformas por motivos no mencionados explícitamente en el texto, como para evitar el spam. Este elemento representaría limitaciones a la capacidad de las redes sociales de tomar decisiones razonables sobre los contenidos que puede permitir.
Otras críticas al proyecto
Human Rights Watch explica que México debe promover un “entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso”. Asimismo, el país debe asegurarse de que cualquier restricción a la libertad de expresión resulte necesaria y proporcionada para alcanzar un fin legítimo.
Esto incluye la regulación de expresiones por “vías o medios indirectos”, como la regulación de empresas de medios de comunicación. Sin embargo, los estándares internacionales de derechos humanos impiden a México aprobar leyes contra las llamadas “noticias falsas” u otros “conceptos imprecisos y ambiguos”. Tampoco impiden restricciones innecesarias o desproporcionadas a las redes sociales o los contenidos en línea.
En ese sentido, México debe promover la diversidad de los medios y la cosciencia digital, señala Human Rights Watch. Agrega que el país debería incentivar a las empresas a ser transparentes sobre sus políticas de moderación de contenido y a ofrecer recursos a los usuarios cuyas cuentas sean suspendidas, a fin de que puedan tomar sus propias decisiones respecto a las plataformas a usar y su forma.
