El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), bajo la administración Trump, ha implementado una nueva política que elimina el derecho de millones de inmigrantes indocumentados a solicitar audiencias de fianza, obligando a que quienes ingresaron ilegalmente al país permanezcan detenidos durante toda la duración de sus procedimientos de deportación, proceso que puede tomar desde meses hasta varios años.
El memorando del 8 de julio, firmado por el director interino de ICE, Todd M. Lyons, instruye a los oficiales a no liberar a los inmigrantes bajo custodia, salvo en casos excepcionales mediante libertad condicional (parole), la cual solamente puede ser otorgada por un funcionario de inmigración, no por un juez.
Hasta ahora, la mayoría de los indocumentados podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración, y esta restricción sólo aplicaba para quienes tuvieran condenas graves. La nueva directiva, sin embargo, aplica a todos los que hayan entrado irregularmente al país, sin importar su historial criminal o el tiempo que lleven en EE.UU.
Diversas organizaciones y abogados de inmigración ya reportan rechazos a audiencias de fianza en al menos seis estados y anticipan múltiples impugnaciones legales a la medida, que fue anunciada poco después de que el Congreso aprobara un presupuesto récord para aumentar la capacidad de detención de ICE.
