En los últimos cuatro años, Estados Unidos ha experimentado un aumento récord en la llegada de menores extranjeros no acompañados a la frontera sur. Un informe impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sacado a la luz una realidad alarmante: muchos de estos niños y adolescentes han sido víctimas de abusos, explotación laboral, embarazos forzados y redes de tráfico de personas.
El informe detalla que algunos patrocinadores —adultos que se hacen responsables de los menores tras su llegada— pagaron a contrabandistas para traerlos al país o declararon relaciones familiares fraudulentas con el fin de facilitar su ingreso. Esta práctica ha facilitado que menores caigan en manos de redes de trata y explotación, ya sea sexual o laboral, una vez dentro del territorio estadounidense.
El ICE ha intensificado los operativos para localizar y deportar a menores no acompañados, así como para investigar a los adultos con los que residen.
Según documentos internos, el objetivo no es solo verificar el bienestar de los menores, sino también recopilar información para determinar si representan un riesgo de fuga, una amenaza para la seguridad pública o si son susceptibles de ser deportados.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que estas acciones pueden derivar en una “separación familiar clandestina” y en la criminalización tanto de los menores como de sus patrocinadores.
Miles de menores, fuera del radar de las autoridades
La magnitud del problema es preocupante: el gobierno estadounidense ha admitido haber perdido la pista de más de 32,000 menores migrantes no acompañados. Se desconoce su paradero y su estado, lo que los expone a peligros como el tráfico de menores, la explotación sexual o el trabajo forzoso. El informe del DHS señala que la falta de coordinación y comunicación entre agencias ha dificultado el seguimiento de estos casos y critica la labor del ICE por no haber iniciado los trámites migratorios en la mayoría de las situaciones.
Entre 2019 y 2023, más de 448,000 menores no acompañados fueron custodiados y liberados por las autoridades. Muchos son entregados a familiares lejanos o familias de acogida, pero la verificación de estos hogares no siempre es rigurosa, lo que incrementa el riesgo de abuso y explotación.
En detalle
El temor a la deportación es otro factor que agrava la situación. Muchos menores y sus tutores no acuden a las audiencias migratorias por miedo a ser deportados, lo que aumenta su vulnerabilidad. La mayoría de estos niños provienen de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, donde huyen de la violencia, la pobreza y la persecución.
Organizaciones como Save the Children advierten que muchos de estos menores han sufrido traumas graves y explotación en su travesía hacia Estados Unidos. La legislación les concede la posibilidad de solicitar asilo, pero la falta de comparecencia ante los tribunales pone en riesgo su permanencia legal en el país.
Expertos y defensores de derechos humanos instan al gobierno estadounidense a priorizar la protección y el bienestar de los menores migrantes, responsabilizando a las agencias encargadas de su seguimiento y evitando convertir los errores administrativos en excusas para acelerar procesos de deportación. La crisis de los menores no acompañados revela las profundas fallas del sistema migratorio y la urgente necesidad de reformas que garanticen la seguridad y los derechos de los más vulnerables.
