Los obispos de la Iglesia católica en Argentina cuestionaron el allanamiento judicial realizado a un convento de carmelitas descalzas luego de denuncias por presuntas torturas realizadas por exmonjas de ese monasterio.
A raíz del procedimiento judicial realizado en agosto pasado en el convento de las carmelitas descalzas en Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos (noreste), la Conferencia Episcopal Argentina emitió hoy un comunicado.
En la misiva aseguran que la Iglesia "no busca ningún privilegio frente a la legítima acción del Estado en la investigación y sanción de los delitos que puedan cometerse en cualquier ámbito".
"Pero en este caso concreto llamó la atención el modo de proceder de las autoridades intervinientes. No había ni hay ningún motivo para presumir que un monasterio conocido y de extendida presencia necesitara ser allanado de ese modo", señalaron los obispos.
LEA TAMBIÉN: Gobierno argentino comienza consulta web sobre ley de comunicaciones
El allanamiento se realizó de forma sorpresiva, con gran número de efectivos policiales, horas después de que un medio de prensa de Entre Ríos publicara testimonios de exmonjas de ese convento, con denuncias de presuntas torturas mediante prácticas penitenciales impuestas como castigo y la imposibilidad de marcharse libremente del monasterio.
Las denuncias fueron rechazadas por la priora del monasterio, María Isabel, quien fue desplazada de su cargo y se quejó por el modo en que se realizó el allanamiento, a su juicio, sin respeto por la clausura conventual.
"Esa forma de actuar, que sería igualmente poco adecuada en una casa de familia, ofende especialmente a la consideración que merece una casa de oración legítimamente constituida, y al sentimiento religioso de la comunidad católica", sostiene la Conferencia Episcopal Argentina en su comunicado.
Los obispos valoraron la forma de vida de las monjas contemplativas, "difícil de comprender en nuestro tiempo" pero que hace "mucho bien a la Iglesia y a la misma sociedad".
"Esperamos que la Justicia se expida con prontitud, que lo haga en base a elementos objetivos y respetando en toda su amplitud la legislación vigente y la libertad religiosa de las personas y de la Iglesia misma", señala el comunicado.
Los obispos pidieron que "todos quienes ejercen un grado de autoridad en este caso" actúen "con los necesarios recaudos jurídicos que requiere un hecho que presenta instancias canónicas que deben ser tenidas en cuenta".
Con información de EFE
