El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar por los daños y perjuicios ocasionados a una familia por un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional e integrantes de las Farc ocasionados en Leiva (Nariño), el 25 de marzo del 2000.
Aunque la familia exigió un resarcimiento de $600 millones, la Sección Tercera del alto tribunal ordenó adelantar estudios que permitan establecer, acertadamente, el valor de los muebles y enseres que perdieron en dicho enfrentamiento armado.
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Las Farc perpetraron en esa fecha ataque generalizado en el municipio, principalmente dirigido a la estación de Policía. Los agentes, que resistieron la envestida, protagonizaron un combate con los rebeldes que causó heridos y daños en las edificaciones Leiva, entre ellos, la vivienda en la que residía la familia y un billar del que derivaban su sustento económico.
En ese sentido, los afectados interpusieron una demanda de reparación directa y, aunque en primera instancia el Tribunal Administrativo de Nariño les negó las pretensiones, el Consejo de Estado determinó la responsabilidad del Estado por los daños a la infraestructura donde residían.
El alto tribunal determinó que, aun cuando no pueda probarse que los agentes del Estado fueran causantes del daño, hechos como este, acaecidos en el marco del conflicto armado, no pueden dejar a las víctimas sin una debida compensación.
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“Ante la situación de aquellos que han visto gravemente comprometida su situación vital por cuenta de las acciones propias del escenario armado, el Estado no puede permanecer indiferente, asumiendo a su cargo deberes reparatorios”, se lee en la sentencia.
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