El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, publicado hoy por la Universidad Diego Portales, señaló que la actual legislación migratoria del país es incompatible con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
El estudio revela además que el Decreto Ley 1094, que regula la migración en Chile y que fue aprobado en 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se contradice con las necesidades del contexto nacional y regional.
Según el texto, en 2014 solo se presentaron 98 recursos judiciales de un total de 2935 órdenes de expulsión, cifra que supone el 0,8 % de las personas afectadas.
De las reclamaciones presentadas, 22 fueron acogidas por la Corte, mientras que 44 fueron rechazadas, 14 declinadas por ser presentadas fuera de tiempo y 16 declaradas improcedentes.
En este sentido, el informe denuncia que la escasa utilización del recurso se debe a la falta de asistencia legal profesional durante el corto plazo de 24 horas que otorga la justicia chilena a los afectados tras recibir la notificación de expulsión.
"Esto hace prácticamente imposible ejercer el recurso, más aun si se considera que esa persona muy probablemente no conoce el ordenamiento jurídico nacional y, en algunos casos, tampoco nuestro idioma", señala el texto.
Además, indica que los ciudadanos que recurren no pueden rendir pruebas testimoniales, por lo que las autoridades solo cuentan con los antecedentes proporcionados y la documentación presentada por el reclamante.
"Las limitaciones indicadas hacen que en la práctica este recurso judicial no cumpla con los requisitos mínimos para ser considerado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), un recurso sencillo y rápido o un recurso judicial efectivo", denuncia el informe.
De los derechos migratorios reflejados en la CADH, Chile no cumple con ellos en su totalidad, como es la posibilidad de proporcionar traductores a aquellos afectados que no conocen el idioma, informar sobre la asistencia consular o no disponer de un servicio que ofrezca una defensa técnica especializada, entre otros.
A pesar de valorar positivamente una mayor fundamentación de las decisiones de la Corte en los últimos años, el informe insiste en "la necesidad imperiosa de contar con una nueva normativa, acorde con lo que actualmente se reconoce en otros ordenamientos para asegurar un debido proceso".
Chile, que a finales de 2015 contaba con el registro de 410.000 personas migrantes y que en 2016 espera que la cifra supere el medio millón, ha experimentado desde 2001 un aumento del 123 % de la población extranjera, según el Departamento de Extranjería y Migración.
Durante 2016 las personas de nacionalidad boliviana fueron las más afectadas por la legislación, ya que se contabilizaron hasta 840 sanciones.
Con información de: EFE
