El fiscal general Merrick Garland echó atrás una de las políticas más polémicas del gobierno de Donald Trump, la cual impedía a jueces de inmigración el cierre administrativo de casos, lo cual beneficia a miles de inmigrantes.
El Político
La decisión del Fiscal General sigue la Orden Ejecutiva del presidente Joe Biden para “restaurar la fe en el sistema” y permitirá nuevamente a los jueces suspender los casos o sacarlos del expediente activo.
“Tiene sentido en inmigración debido al hecho de que hay ciertas aplicaciones y beneficios para los que las personas pueden calificar y que requieren un paso preliminar por parte de [USCIS] o, a veces, de un tribunal estatal y esa acción puede determinar si alguien es elegible para un beneficio ante la corte”, dijo a La Opinión la jueza Dana Leigh Marks, presidenta emérita de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
Problemas de inmigración
Eso significa que los jueces incluso pueden suspender, por tiempo indeterminado, procesos de deportación, ya que los casos de inmigrantes pueden continuar en tribunales, pero sin un efecto inmediato.
La práctica era común entre jueces, pero fue modificada por el exfiscal general Jeff Sessions; lo que complicó los procesos en tribunales y triplicó los casos pendientes a casi 1.4 millones.
La intención de Sessions era que los jueces cumplieran cuotas de al menos 700 casos anuales; lo cual representó un reto prácticamente imposible y lo único que logró fue acumular más expedientes.
Promesa de Biden
El presidente Biden prometió en campaña mejorar los procesos migratorios legales, por lo que el DOJ ha implementado algunos cambios; como la modificación en los procesos de asilo, volviendo a proteger a víctimas de violencia doméstica y pandillas, algo que el exfiscal Sessions había bloqueado.
El Fiscal General de EE.UU. tiene poder para tomar estas decisiones sobre tribunales migratorios, ya que éstos dependen del Departamento de Justicia.
