Las manos de Reyna Montoya comienzan a sudar y siente que se le cierra la garganta de sólo hablar de la ansiedad que la invade cada lunes en estos días.
El Político
La activista por los derechos de los inmigrantes, quien está protegida de ser deportada y cuenta con permiso legal para trabajar en Estados Unidos conforme a un programa de la época del presidente Barack Obama, pone su alarma a las 6 de la mañana para estar al pendiente del momento en que la Corte Suprema publique en línea sus decisiones más recientes, aproximadamente una hora después.
Montoya, al igual que otros 650.000 inmigrantes inscritos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés), aguarda a que los jueces difundan su decisión sobre el intento del presidente Donald Trump por poner fin a sus protecciones.
El máximo tribunal escuchó argumentos a finales del año pasado y por lo general emite sus fallos los lunes de la primavera. Pero se desconoce con exactitud cuándo llegará la respuesta, ya que a veces la corte da a conocer sus decisiones en un día distinto a ese antes de cerrar labores durante el verano.
“Me duele la barriga”, dijo Montoya, de 29 años, quien nació en México pero creció en el área de Phoenix. “Es este nivel constante de ansiedad”.
El grupo activista de Montoya, Aliento, brinda talleres de arte y sanación para otros beneficiarios del DACA que pasan angustia por desconocer su destino. Ella habla abiertamente de que asiste a terapia para combatir su ansiedad. El peso de la incertidumbre — quién se hará cargo de sus activos financieros, de su hipoteca — la tiene abrumada.
“Cuando en verdad te tomas un momento y piensas en todas las cosas en que necesitas pensar, es muy desalentador”, dijo Montoya, quien en ocasiones se siente culpable porque hay otras personas que también deben preocuparse por sus hijos.
Bajo intensa presión de los jóvenes activistas, Obama anunció la creación del DACA en 2012. Conocidos comúnmente como “dreamers” en alusión al proyecto de ley fallido que les habría brindado herramientas para poder naturalizarse, estos inmigrantes han estado en Estados Unidos desde que eran niños. Los beneficiarios se sometieron a una revisión exhaustiva de antecedentes antes de recibir sus permisos de trabajo por dos años y las protecciones contra la deportación.
El gobierno de Trump anunció el fin del programa en 2017, lo que resultó en impugnaciones que actualmente se encuentran en manos de la Corte Suprema. Aquellos que ya se habían inscrito aún cuentan con las protecciones y pueden renovar sus permisos, pero no se aceptan nuevas solicitudes.
Al igual que Montoya, Adrián Escárate ha madrugado casi todos los lunes de este año. El hombre de 31 años, nacido en Chile pero radicado en Estados Unidos desde los tres años, de inmediato toma su teléfono o abre su computadora para revisar un blog en el que se publican los fallos de la Corte Suprema.
Escárate, residente de Santa Cruz, California, se pone en contacto con sus amigos en un grupo de mensajes y revisa Twitter y el blog constantemente.
“Cuando no se publica, como que respiras con un poco de alivio y dices ‘OK, esta semana estamos bien’”, comentó Escárate, quien ha sido beneficiario del DACA desde 2014 y trabaja como coordinador de comunicaciones para la organización por los derechos de los inmigrantes Define American.
Escárate dijo que es difícil pensar en cómo será la vida en caso de que el tribunal falle a favor de Trump. Él cuenta con protecciones hasta 2022, y espera que si el programa concluye, la corte les permita a las personas conservar sus permisos hasta su fecha de vencimiento.
Se desconoce la manera en que el gobierno de Trump pondría fin al programa, pero la mayoría conservadora en el máximo tribunal parece inclinada a permitírselo.
Las autoridades migratorias han dicho que deportarían a cualquier beneficiario del DACA con un caso abierto en las cortes de inmigración. Durante una audiencia en el Congreso el martes, el senador demócrata Dick Durbin le preguntó a un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) sobre la posible deportación de “dreamers” en caso de que la Corte Suprema falle a favor de Trump.
Henry Lucero, director de las operaciones de deportación del ICE, dijo: “No existe un plan ni se está planeando nada en este momento para dicha situación”, pero la agencia ejecuta las órdenes de deportación que recibe. Eso significa que miles de inmigrantes que contaban con protecciones previas, incluyendo a muchos trabajadores de salud, podrían ser expulsados del país, posiblemente durante la pandemia del coronavirus.
Algunas familias también podrían perder a sus únicos proveedores, como Joella Roberts, cuya madre no tiene un estatus legal en el país y cuya abuela está enferma.
Fuente: Diariolasamericas
