Luego de las elecciones de pasado 28 de julio de 2024, los venezolanos duplicaron sus esfuerzos por no cometer “imprudencias” al escribir un comentario incómodo al chavismo, ya sea en redes o en sus estados de WhatsApp, esto debido a la vigilancia extrema que se potenció en esos días por parte de organismos del Estado.
Los menos cautos fueron encarcelados, algunos delatados por sus propios vecinos, al publicar en sus redes un comentario de descontento, como fue el caso de Merlys Oropeza, una joven sentenciada a 10 años de prisión por escribir en su escribir un mensaje en un grupo de WhatsApp donde criticaba a una jefa del chavismo en su comunidad. Merlys ya fue puesta en libertad.
El pasado 5 de agosto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó a los ciudadanos desinstalar la aplicación WhatsApp, asegurando que esta era una herramienta de “conspiración” en su contra, mientras que el 8 de ese meses, el Ejecutivo anunció el bloqueo de la plataforma X, el cual se mantiene hasta hoy.
La vigilancia es real, pero el espionaje tiene sus limitaciones, pues, tal como aseguran organizaciones de derechos digitales, el Estado no puede acceder al contenido si las plataformas son cifradas y que las verdaderas amenazas a la privacidad provienen de prácticas de espionaje digital directo, sostenido y muchas veces ilegal por parte del propio gobierno.
La iniciativa “La Hora de Venezuela”, que reúne a varios medios de ese país, realizó una investigación sobre el tema del espionaje digital, advirtiendo que el Gobierno efectivamente tiene un aparato robusto que incluye interceptaciones masivas de llamadas, aplicaciones oficiales que recolectan datos sin consentimiento, monitoreo constante de redes sociales y acceso forzado a dispositivos móviles. Las organizaciones como IPYS Venezuela, VeSinFiltro y Freedom House, advierten sobre este tema.
Condenadas por estampar franelas en Venezuela Foto:Cortesía: El Nacional
¿Cómo funciona el espionaje digital en Venezuela?
La Hora de Venezuela señala que las intervenciones telefónicas a gran escala, que incluyen llamadas, mensajes SMS, geolocalización e incluso tráfico de Internet, todo sin garantías plenas de control judicial, son usadas por el Estado venezolano para vigilar a la disidencia en el país.
En 2021, la empresa Telefónica reveló en un informe que más de 1,5 millones de sus líneas fueron interceptadas en Venezuela, equivalentes a 20 % de sus usuarios en el país. Este dato representa el 81 % de las intervenciones telefónicas reportadas por la compañía en los 12 países donde opera. Otras operadoras, como Digitel y Movilnet, nunca han publicado información similar, lo que deja un manto de opacidad sobre el verdadero alcance del espionaje.
Aplicaciones estatales como VenApp, presentada como app ciudadana para reportar fallas, han evolucionado hasta convertirse en plataformas que permiten identificar opositores, monitorear movilizaciones sociales e incluso generar denuncias anónimas contra ciudadanos. Luego de las elecciones de 2024, esta app fue empleada para mapear “guarimbas” y recoger datos personales de manifestantes, se lee en la publicación, reportada por varios medios.
Desde 2013, el régimen institucionalizó el monitoreo de redes con la creación del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa). Casos como el del activista Nelson Piñero, detenido por comentarios en X, demuestran cómo las publicaciones digitales son rastreadas por organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para justificar imputaciones por “incitación al odio”.
Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que tras las elecciones presidenciales de 2024, funcionarios realizaron registros arbitrarios de teléfonos móviles en busca de vínculos con la oposición.
Si bien no se trata de espionaje digital remoto, dispositivos como Cellebrite permiten extraer el contenido de teléfonos incautados, incluyendo fotos, mensajes y datos de aplicaciones. Estas herramientas han sido utilizadas tras detenciones arbitrarias o allanamientos.
El peligro más frecuente para la ciudadanía son las aplicaciones espía instaladas sin consentimiento, muchas veces bajo el disfraz de software de “control parental” o “seguridad personal”. Estas apps permiten a terceros monitorear llamadas, mensajes, ubicación e incluso activar la cámara o el micrófono del teléfono sin que el usuario lo note.
Protestas en Caracas tras los resultados de las elecciones en Venezuela. Foto:AFP
Simultáneamente, investigaciones como las de Armando.Info han documentado el uso de antenas IMSI Catchers, que simulan torres de telefonía para interceptar comunicaciones en zonas urbanas y estratégicas. También se denuncian revisiones arbitrarias de teléfonos en protestas o retenes policiales, sin orden judicial.
Privacidad en riesgo: cómo protegerse
Organizaciones como VeSinFiltro, ProBox y Cazadores de Fake News recomiendan:
Usar apps con cifrado extremo a extremo, como Signal.
Evitar las llamadas tradicionales o mensajes SMS.
Evitar aplicaciones estatales.
No publicar contenido sensible en estados o grupos.
Mantener dispositivos actualizados y evitar enlaces desconocidos.
Signal, por ejemplo, permite mantener el anonimato en grupos y ofrece opciones como mensajes temporales y bloqueo por PIN, características clave en contextos de represión, por lo que es una excelente opción para activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Siscom, la red de Maduro para manipular el discurso en las redes sociales
El Sistema Bolivariano de Comunicación (Siscom) es una herramienta interna de comunicaciones operada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela (Mippci) para distribuir mensajes y organizar campañas comunicacionales del gobierno de Nicolás Maduro, el cual cuenta con la participación de miles de empleados públicos, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y comunicadores afines.
El sistema está diseñado para amplificar las narrativas oficiales, responder a coyunturas políticas y moldear la conversación digital desde una estructura centralizada. A través de esta red, el gobierno de Maduro posiciona contenidos en línea, contrarresta discursos críticos y refuerza su control sobre el espacio informativo.
El aparato comunicacional del chavismo funciona por medio de un sistema cerrado de distribución de contenidos, conformado por grupos internos que se asemejan a conversaciones de WhatsApp.
Por esa vía, funcionarios del Mippci envían, con rapidez -y sin debate-, instrucciones, líneas discursivas y contenidos multimedia a cientos de personas pertenecientes al partido de gobierno, ministerios, gobernaciones, entes públicos, medios gubernamentales y organizaciones populares.
Las cuentas que posicionan estas etiquetas suelen ser manejadas por operadores humanos que actúan como ‘bots’: publican decenas de mensajes al día y, en ocasiones, una sola persona puede gestionar varias cuentas. Algunos operadores reciben pequeños bonos estatales por su participación, según investigaciones.
Vista de la aplicación VenApp. Foto:Redes sociales
Siscom empezó a ejercer un papel más directo a principios de 2024. Centralizó las instrucciones y reguló no solo qué debía publicarse, sino también cuándo, cómo y en qué redes sociales hacerlo.
Justo este lunes, en el aniversario de la Guardia Nacional venezolana, Maduro ordenó la creación de una dirección de "ciberdefensa" así como profundizar la división contra el terrorismo de la Fuerza Armada Nacional.
"Hoy vamos hacia nuevas transformaciones, en el combate al ciberterrorismo, en el desarrollo de la capacidad digital y comunicacional de la Fuerza Armada, con el Plan Ayacucho tenemos que profundizar los cambios", dijo Maduro en un mensaje grabado desde el museo militar Villa Zoila, al oeste de Caracas.
