Venezuela habría utilizado los cargamentos de alimentos enviados desde México, en el marco de su programa de bolsas de comida CLAP, para recibir camuflado dinero en efectivo de los carteles mexicanos en pago por los envíos de droga remitidos por los dirigentes chavistas, de acuerdo con investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de otras agencias de Washington, según publicó Abc
El Político
Un colaborador de la investigación reveló que la operación, se realizó mediante una parada de los barcos en Puerto Limón, en Costa Rica, donde la empresa Alunasa, de propiedad estatal venezolana, dispone de un terminal. A través de esa empresa, el dinero habría entrado en el sistema financiero y llegado a cuentas en bancos rusos vinculadas a los dirigentes Diosdado Cabello y Tarek el Aissami.
Se estima que lo mismo ocurrió con cargamentos gestionados por El Sardinero Es Servicio, S. A , la empresa mexicana que ha exportado a Venezuela alimentos, directamente o a través de filiales, para el programa de bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Dicho grupo, curiosamente, es favorecido por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de haber contado con alguna sanción durante la anterior presidencia de Peña Nieto, esa compañía, a través de su filial Surtipractic, ha obtenido un contrato de 70 millones de dólares para suministrar la comida de la Policía Federal y estaría cerca de firmar un acuerdo para proporcionar la alimentación de la mayor parte de las cárceles federales mexicanas.
La pregunta clave detrás de las investigaciones estadounidenses es la siguiente: ¿Por qué pudiendo comprar comida en otros países más especializados en la exportación alimentaria, como Brasil o Argentina, la Venezuela de Nicolás Maduro centró la adquisición de productos para los CLAP en México? ¿Por qué ocurre así si incluso parte de esos productos que llegan a Venezuela desde México ni siquiera se producen allí, sino que son adquiridos previamente en otros lugares, como Estados Unidos?
En ese sentido, la hipótesis de los investigadores era que, dado el carácter de narcoestado de Venezuela, lo normal es que los dirigentes chavistas intentaran resolver la necesidad de alimentos que hay en el país al mismo tiempo que resolvían cómo obtener el pago por parte de los carteles mexicanos de la cocaína colombiana que sale a través de Venezuela», de acuerdo con uno de los colaboradores de la investigación.
Era lógico entonces que las compras de alimentos en el exterior para el programa CLAP estuviera centralizada por Alex Saab y Álvaro Pulido, dos colombianos de larga trayectoria (el primero ha sido especialmente vinculado a las FARC por parte de EE.UU.; el segundo ha estado en prisión por cargos de narcotráfico). Ambos organizaron toda una logística, a través de la empresa Group Grand Limited, para la compra de alimentos en México, contando con el suministro de empresas locales, como El Sardinero, cuyo presidente, Juan Carlos Fernández Francés, ha establecido una estrecha relación con el tándem Saab-Pulido.
El Tesoro estadounidense denunció el pasado 25 de julio que el negocio se basaba en el sobreprecio o incluso el envío de productos ya caducados. La Secretaría de Economía de México ha calculado que ese negocio movió más de 850 millones de dólares entre enero de 2017 y agosto de 2018.
Este es un hecho abominable dada la extrema necesidad del pueblo venezolano.
La fuente consultada adelantó que los envíos de alimentos se han aprovechado para remitir también dinero en efectivo vinculado al narcotráfico. Buques que partían del puerto mexicano de Veracruz hacían escala en Puerto Limón, en Costa Rica, en lugar de navegar directamente a La Guaira, en Venezuela.
La estatal venezolana Alunasa, en Puerto Limón, dedicada al aluminio, dispone de una terminal para uso propio. Alguien que intervino en las operaciones realizadas en esas instalaciones confirmó a la investigación que era frecuente que entre los contenedores de alimentos que llegaban —en una parada «técnica» que luego constaba en los registros de navegación– hubiera alguno con dinero en efectivo.
En junio de 2018 el Banco Nacional de Costa Rica , a raíz de la alerta estadounidense, cerró todas las cuentas que correspondían a Alunasa. Al parecer, en esas cuentas se habrían hecho muchos depósitos en efectivo, cuando ningún cliente real de la compañía paga de esa manera, y se habrían tramitado transferencias, directamente o través de Panamá, a cuentas en Eurofinance Mosnarbank, Gasprombank y VTB, vinculadas a Diosdado Cabello y Tarek el Aissami.
A través de la investigación se determinó que los envíos de dinero en efectivo se descargaban en Costa Rica para entrar en el sistema financiero e ir a parar a las cuentas corrientes de altos dirigentes chavitas,. Y otra parte continuaba hasta Venezuela, posiblemente destinada a las FARC.
Con información de: Abc
