Un año después de la entrada en vigor en México del nuevo sistema penal de justicia, las críticas y el enfrentamiento entre el poder judicial y el Ejecutivo han marcado su compleja implementación a lo largo de todo el país.
Mientras los gobernadores estatales, aglutinados en la Conago, achacan al nuevo sistema penal el aumento de la delincuencia en el país y preparan un paquete de reformas, los magistrados han respondido este viernes con contundencia a quienes consideran que se trata de un sistema laxo que favorece el delito.
Nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad conforme a los derechos reconocidos por nuestra Constitución y esa labor no la vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica”, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Luis María Aguilar.
Desde su entrada en vigor en todo el país, en junio de 2016, distintos gobernadores estatales consultados por este periódico se han quejado —tanto en público, como en privado— de que el nuevo sistema penal es una “puerta giratoria” que echa al traste sus esfuerzos y que, aunque ellos logran detener a los delincuentes, estos salen inmediatamente por falta de pruebas o pruebas mal conseguidas por la policía, razón por la que se caen la mayoría de los procesos.
Sin embargo, para los jueces “la justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca, no así las demás etapas e instituciones que también tienen una gran responsabilidad con la justicia penal”.
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Detrás de estas críticas se esconde el incumplimiento de los Gobiernos estatales para capacitar a la policía, los Ministerios públicos, defensores público o personal penitenciario, a pesar de los millonarios recursos recibidos y los ocho años que tuvieron para hacerlo. Desde que hace ocho años se aprobó su implementación, que concluyó el año pasado, el Estado destinó casi 15.000 millones de pesos (827 millones de dólares) para adaptar los juzgados y formar al personal.
Ante las fuertes críticas recibidas, el presidente de la Suprema Corte defendió que el nuevo modelo, que pasó de inquisitorial a acusatorio, obliga a redoblar esfuerzos. “La problemática de seguridad pública que vive el país demanda de los jueces mayores esfuerzos en la tarea de juzgar, que bajo ningún concepto puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto a los derechos (…) a favor de quien se le imputa un delito y a quien lo sufre, la víctima” señaló.
Según Aguilar Morales, aunque hay “aspectos que mejorar” el objetivo del nuevo modelo es garantizar “que se repare el daño a la víctima y que se castigue solo al que sea hallado culpable”.
Fuente: El País.
