El juez en lo Comercial, Héctor Hugo Vitale, decretó esta semana la nulidad de la apertura del concurso de acreedores que había logrado ilegalmente en Chubut (provincia de Argentina) la firma Oil Combustibles y le requirió al juez de esa provincia que remita la documentación que mantenía reservada sobre el caso que involucra a uno de los empresarios emblemáticos del kirchnerismo, Cristóbal López.
"No queda más que optar por declarar la nulidad del pronunciamiento que tuvo por abierto el concurso preventivo de Oil Combustibles S.A. y todas las actuaciones cumplidas como consecuencia de él, a excepción de los pedidos de verificación (de créditos) presentados a la sindicatura en los términos de la ley de concurso y quiebras, cuya rectificación o ratificación por cada insinuante será provista –de corresponder- en su oportunidad", escribió el magistrado esta semana en una resolución a la que Clarín tuvo acceso.
El juez chubutense que había abierto el concurso de acreedores de Oil Combustibles se llama Gustavo Toquier, es de Comodoro Rivadavia y ahora afronta pedidos de juicio político en la Legislatura provincial. A pedido de la AFIP, Vitale le había dicho que se inhibiera de intervenir en la causa por cuanto Oil Combustibles tenía radicado su domicilio en Buenos Aires y no en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, el juez de Chubut recién se desprendió del expediente y lo mandó a la Capital Federal cuando se lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Vitale, titular del juzgado nacional en lo Comercial Nro 4 de la Capital Federal, también ordenó el "cese de la intervención del síndico" que había designado Toquier, el contador Humberto Bartolomé Trigo. Y le requirió al juez de Comodoro Rivadavia "la urgente remisión de los legajos de acreedores presentados" por Oil en el expediente, "como así también el contrato celebrado con Petrobras S.A.", documentos que fueran "reservados" en el despacho del juzgado del Sur y que no fueron acompañados con el expediente principal al remitírselo a la Capital Federal.
Oil Combustibles le había comprado a Petrobras en 2011 la refinería de San Lorenzo y 340 estaciones de servicio a cambio de 95 millones de dólares. Pero la firma se presentó en concurso de acreedores tras el cambio de gobierno y luego que las nuevas autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la denunciaran penalmente por 8 mil millones de pesos adeudados por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).
Con información de El Clarín
