Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid,, que investiga el denominado ‘Delcygate‘, no ha aceptado la personación del PP en el caso por no haber presentado formalmente querella ni haber prestado fianza, según difundió vozpopuli
El Político
En ese sentido y según expone en un auto dado a conocer este lunes, les pide solventar este obstáculo formal y y aportar sus últimas cuentas anuales a fin de proceder a la fijación de fianza.
Es de hacer notar que el propio presidente del PP, Pablo Casado, indicó en rueda de prensa que su partido no tiene "ningún inconveniente" en aportar las citadas cuentas y recordó que la iniciativa judicial del PP no estaba prevista de antemano pues hubo que acudir a un juzgado de guardia "para que no destruyeran pruebas materiales sobre una reunión tan grave" entre un ministro del Gobierno, José Luis Ábalos, y una vicepresidenta de Venezuela "perseguida" por Naciones Unidas y por la UE "por torturas y delitos contra los Derechos Humanos".
Casado agregó que "se tiene que esclarecer la verdad y saber por qué acudió el ministro y qué responsabilidad y conocimiento tenía el presidente del Gobierno, y qué repercusiones puede tener en la credibilidad en las instituciones comunitarias y en el Grupo de Lima que quiere condenar y actuar contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro".
Sin embargo, a la fecha no hay ninguna acusación popular en el asunto -que investiga el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez- ,ya que tanto a Vox como el Partido Laócrata se le fijaron 20.000 y 5.000 euros de fianza, respectivamente, que aún no se han aportado.
En relación con las denuncias del Delcygate, el PP no fue el primer partido en mover ficha en este asunto -fueron los minoritarios laócratas– pero si el que logró la primera actuación judicial a raíz de la denuncia -no querella- que presentó al juzgado de guardia logrando que se ordenara a AENA no borrar las grabaciones que del encuentro que realizaron las cámaras del aeropuerto de Barajas.
Hay que resaltar que esa denuncia se repartió al Juzgado de Instrucción número 47, cuyas diligencias se acumularon finalmente en el 31, que es el que se ha quedado el caso.
Otro dato a evaluar es que Serrano-Arnal reprocha a su compañero que aceptara la personación del PP sin formular querella y sin prestación de fianza y recuerda que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) "instaura la querella como el instrumento procesal necesario para que el acusador popular pueda ejercer la acción penal, siendo que también debe, dicho acusador (…) prestar fianza", y ninguno de estos requisitos se dan hoy con el PP.
Por su parte, mientras realiza estos trámites en relación con las acusaciones populares el magistrado ya ha comenzado a investigar este asunto, y ha solicitado al Ministerio del Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto.
También solicita información sobre los funcionarios responsables de llevar a cabo su cumplimiento para comenzar a analizar si con el encuentro entre el ministro y la mandataria venezolana se infringió dicho protocolo.
Con información de: vozpopuli
