Un juez federal ha frenado abruptamente el traslado de tres inmigrantes venezolanos desde un centro de detención en Nuevo México a la controvertida base naval de Guantánamo. La decisión ha desatado interrogantes sobre las motivaciones detrás de esta acción y su relación con las políticas migratorias del gobierno.
La orden judicial, emitida por el juez Kenneth J. Gonzales, responde a una solicitud urgente de los abogados de los tres hombres. Los defensores legales argumentaron que sus clientes parecían ajustarse a un perfil específico que el gobierno estaría utilizando para priorizar detenciones en Guantánamo: hombres venezolanos arrestados en el área de El Paso y acusados de tener vínculos con la banda Tren de Aragua.
La solicitud de la orden de restricción temporal se basó en la incertidumbre generada por el gobierno en torno al proceso legal y el acceso a asesoría para los detenidos. Los abogados expresaron su preocupación por la posibilidad de que se estuvieran vulnerando los derechos de sus clientes.
La decisión del juez Gonzales se produce en un contexto de crecientes preocupaciones sobre el uso de la base de Guantánamo para la detención de inmigrantes. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había indicado previamente que vuelos con personas detenidas habían aterrizado en la base, lo que generó alarma entre organizaciones de derechos humanos.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han enviado una carta exigiendo acceso a las personas enviadas a Guantánamo, argumentando que la base no debe convertirse en un "agujero negro jurídico" donde los derechos de los detenidos sean ignorados.
La orden judicial es temporal, lo que significa que la situación podría evolucionar en los próximos días.
