El juez federal James Boasberg ha intensificado su escrutinio sobre las recientes deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador, calificando la explicación del gobierno de Donald Trump como "lamentablemente insuficiente". Esta declaración surge en el contexto de una controversia sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por la administración Trump para expulsar a supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
La orden de suspensión temporal de 14 días, emitida por el juez Boasberg el sábado 15 de marzo, buscaba detener las expulsiones bajo esta ley. Sin embargo, a pesar de esta medida, varios vuelos con migrantes aterrizaron en El Salvador, lo que llevó al magistrado a solicitar explicaciones detalladas al gobierno sobre estos vuelos. La administración Trump presentó sus alegatos poco después de la fecha límite del jueves al mediodía, pero el juez consideró que no solo se presentaron fuera de plazo, sino que también "volvieron a eludir sus obligaciones" al no proporcionar la información requerida.
El juez Boasberg está particularmente interesado en obtener detalles precisos sobre la hora de partida de los aviones, su origen y el momento en que abandonaron el espacio aéreo estadounidense. Además, ha pedido una declaración jurada de un funcionario involucrado en las discusiones a nivel de gabinete sobre la posible invocación del secreto de estado para evitar proporcionar cierta información. También ha solicitado justificación sobre por qué no se cumplió la orden de regresar a los deportados de los primeros dos vuelos del 15 de marzo.
La Casa Blanca sostiene que ha cumplido con la orden judicial desde el momento en que fue puesta por escrito. Sin embargo, el gobierno está considerando invocar el derecho de secreto de estado para evitar proporcionar cierta información. Este jueves, el juez ha pedido a los funcionarios de la administración que el viernes presenten una declaración jurada sobre si acogen al privilegio del secreto de estado. Además, para el martes deben informar si invocan el secreto de estado y explicar por qué no traer de vuelta a los "miembros del grupo expulsados de Estados Unidos en los dos primeros aviones que despegaron el 15 de marzo" no quebranta su orden de suspensión temporal.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien también está en una cruzada contra las pandillas al igual que Trump, celebró en las redes sociales que los vuelos salieran de Estados Unidos. "Ups… Demasiado tarde", escribió el domingo junto a un emoticon de una cara llorando de risa y el anuncio del juez. Esta reacción refleja la compleja dinámica política que rodea el caso, donde tanto líderes políticos como jueces están involucrados en un debate sobre las políticas migratorias y su aplicación.
Este enfrentamiento legal pone de manifiesto las complejas implicaciones de las políticas migratorias de la administración Trump y su relación con el poder judicial. El desenlace de este caso podría tener importantes consecuencias para futuras acciones de deportación y la aplicación de leyes históricas en contextos modernos de inmigración. Tanto defensores de los derechos de los migrantes como funcionarios gubernamentales estarán atentos a los desarrollos de este caso en las próximas semanas, ya que podría tener un impacto significativo en cómo se manejan las deportaciones y el trato a los migrantes venezolanos en Estados Unidos.
