Alejandro Andrade Cedeño, un exescolta de Hugo Chávez que llegó a ser tesorero de Venezuela, disfruta del beneficio de haber suministrado información que compromete a otros chavistas corruptos, como Claudia Díaz y Raún Gorrín.
El Político
El extesorero de Chávez quedó en libertad, tras una rebaja de su pena poco vista en Estados Unidos- 65% de una condena inicial de 10 años de cárcel- por su colaboración con la justicia para descifrar un esquema de corrupción contra Pdvsa, que la OFAC estima en USD 2.400.000.000.
La justicia estadounidense concede rebajas de penas a los acusados con la finalidad de desarticular, en este caso, las redes de corrupción de Venezuela, a cambio de testimonios sobre estos esquemas criminales, reportó APNews.
¿Por qué es importante?
La enfermera de Chávez, Claudia Díaz, no ha hecho lo propio. Se trata de la primera exfuncionaria de alto rango en impugnar cargos penales en los Estados Unidos.
No obstante, el Departamento de Estado norteamericano acusó a finales de 2020 a Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, de participar en “una trama de lavado de dinero y cambio de moneda” que se contaba en miles de millones de dólares, según reportó el Departamento de Justicia.
Tras su presunta participación en un esquema corrupto de lavado de dinero, Díaz Guillén, de 49 años de edad, está siendo juzgada esta semana en una corte en Fort Lauderdale, en el sur de Florida, junto a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, quien fue jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores durante el gobierno de Chávez.
Díaz Guillén, siempre de acuerdo con la versión estadounidense, usó cuentas bancarias, creó empresas ficticias y disfrazó “numerosos pagos de sobornos”.
Su esposo y ella intentaron camuflar sus ganancias de esas prácticas corruptas mediante la compra de jets privados, casas, yates, caballos de carrera y relojes, insiste la justicia norteamericana.
Otro de los acusados en el caso es Raúl Gorrín Belisario, un empresario venezolano, de 52 años, dueño y presidente del canal noticioso Globovisión.
Según la justicia estadounidense, este pagó millones de dólares en sobornos tanto a Díaz Guillén como a Alejandro Andrade, otro extesorero nacional.
En conclusión
Durante años, mientras Estados Unidos aumentaba la presión sobre el régimen chavista en Venezuela, decenas de infiltrados presuntamente corruptos se abalanzaban por el sistema de justicia penal de Estados Unidos, repartiendo acuerdos para evitar largas penas de prisión y ahorrando a los fiscales el trabajo de tener que probar sus casos en los tribunales.
En esa línea, la información que dio Andrade Cedeño permitió a las autoridades estadounidenses poner la mira en la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, quien también llegó a manejar el Tesoro de la Nación; en su esposo, el exedecán de Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, conocido como “Guarapiche”, y en el empresario Raúl Gorrín, presuntamente implicados en este esquema fraudulento.
El juicio (con jurado) que se le sigue a Claudia Díaz y que comenzó esta semana en el sur de Florida, es una prueba crítica de la capacidad de los fiscales federales para responsabilizar a los llamados cleptócratas venezolanos por desplumar a la nación rica en petróleo.
Si se la declara inocente, su caso podría alentar a otros acusados, muchos de los cuales siguen prófugos, a presentar su propia lucha, socavando un esfuerzo de una década del Departamento de Justicia de EE. UU. para investigar crímenes que en gran parte ocurrieron en el extranjero.
Jeffrey Neiman, un exfiscal estadounidense que ha representado a venezolanos acusados de delitos financieros, explicó que “el gobierno tendrá los pies en el fuego”. “Por primera vez, tendrán que demostrar más allá de toda duda razonable que la corrupción en Venezuela de la que hemos estado escuchando durante años realmente sucedió”.
Lo cierto es que el juicio de Claudia Díaz es la culminación de un proceso judicial que se hizo público en 2018, cuando la pareja fue detenida en Madrid, donde residían, por una solicitud de extradición de las autoridades venezolanas que les acusan por presuntos delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito.
