Un tribunal argentino avaló hoy un pedido de prisión domiciliaria para el excomisario de policía Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado a cuatro cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), aunque seguirá en la cárcel por el momento.
"Es una persona que sigue cometiendo delitos" porque la "desaparición forzada" y la "supresión de la identidad" sólo cesan cuando se conocen los datos de los "chicos apropiados" y "el destino de los desaparecidos", señaló al canal Todo Noticias Guadalupe Godoy, abogada de la familia del desaparecido Julio López.
La decisión la adoptó esta tarde el Tribunal Oral Federal 1 de la capital bonaerense de La Plata al hacer lugar a un pedido de la defensa del represor, aunque no se hará efectiva de inmediato debido a una resolución de primera instancia que le impide al represor tener ese beneficio por el momento, según informaron fuentes judiciales a la agencia estatal Télam.
El excomisario, quien está ingresado en el Hospital Penitenciario de Ezeiza bajo prisión preventiva, admitió en 2014 haber asesinado a perseguidos políticos durante los años de la dictadura y fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.
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En este contexto, la Justicia de la capital bonaerense de La Plata negó el pasado 22 de julio la concesión de arresto domiciliario a Etchecolatz, pero un tribunal federal, superior en competencia, le otorgó después este beneficio.
Para Godoy, la postura del tribunal revela el camino "mucho más dificultoso" que existe ahora en materia de juicios de lesa humanidad en el país, donde los jueces son "muy permeables" a los discursos y a los "momentos políticos".
En ese sentido, criticó el fortalecimiento de los represores mediante el "desmantelamiento" de muchos de los programas del Estado en materia de derechos humanos, así como algunas declaraciones "negacionistas" y mensajes del Gobierno "diciendo que no van a apelar más las prisiones domiciliarias".
Con información de EFE
