La justicia mantiene su papel clave en las disputas políticas en Argentina. Esta vez ha paralizado una medida clave del Gobierno de Mauricio Macri, tal vez la más polémica: el aumento tarifario de hasta 1.000% en el servicio de gas. La Cámara Federal de La Plata ha declarado nulas las subas dispuestas por el ministerio de Energía y Minería y ha ordenado retrotraer la situación a la fecha previa de esas medidas en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, donde viven unas 16.000.000 de personas, o sea, un 38,8% del total del país. Algunas interpretaciones creen además que este fallo condicionará otros y por tanto paralizará las subas en todo el país. Será la Corte Suprema, el máximo tribunal, el que con toda probabilidad acabará resolviendo la disputa. Numerosos vecinos salieron a reclamar con las boletas en la mano. Algunos ya las han pagado.
En el fallo, los jueces César Alvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin declararon nulas las resoluciones 28 y 31 del ministerio de Energía “por no haber sido precedidas de audiencias públicas”. La amplitud de la medida está limitada a la Provincia de Buenos Aires pero podría extenderse dado que los aumentos son motivo de discusión por parte de la ciudadanía y las entidades de consumidores.
Los camaristas consideraron que más allá del argumento esgrimido por el Estado Nacional en torno a que es posible el ajuste tarifario sin la necesidad de que se realicen audiencias públicas, “corresponde examinar si la normativa impugnada en autos se adecua a pautas de razonabilidad”. Explicaron que “es preciso destacar el alcance de la decisión sobre los usuarios y ponderar si estamos ante una situación que más allá de la transitoriedad puede definirse como de bajo impacto o si implica una modificación sustancial de la posición de los usuarios, que ocasiona una afectación difícil o imposible de revertir con posterioridad”.
Precisamente muchos usuarios se congregaron en la plaza de Morón y en muchas otras plazas del conurbano bonaerense. Juan, un anciano que se acercó con las boletas en la mano, explicó a la prensa: “Antes me venían unos 200 pesos (13 dólares) de gas cada 2 meses y en la última boleta, que es mensual, me vinieron 1.300 pesos (unos 88 dólares)”. “Yo vivo sola desde que enviudé”, contó Olga, “y me vinieron 750 pesos (51 dólares) de gas cuando antes pagaba apenas unos 80 pesos (5,4 dólares). Encima no es el único aumento que estoy sufriendo". “La modificación de los precios que deben abonar los usuarios no puede ser soslayada”, ha esgrimido en sus fundamentos el juez César Alvarez, al que adhirieron los otros 2 magistrados.
“Limitar la realización de audiencias públicas para cuestiones permanentes implica transformar a todo el sistema de participación consagrado en la constitución y las leyes en una mera formalidad cuya utilidad tiende a disminuir para quienes deben pagar las tarifas”, consignaron los magistrados.
La Cámara consideró además que corresponde ordenar al Estado nacional – representado por el Ministerio de Energía y Minería- que convoque a una Audiencia Pública en el marco del trámite que precedió a las Resoluciones 28/2016 y 31/2016, a fin de garantizar los derechos de usuarios del servicio público de gas natural y, de esta forma, posibilitar la participación ciudadana consagrada constitucionalmente.
Con Información de El País
