Con la imputación del piloto iraní Ghasemi Gholamreza, contratado por la línea aérea venezolana Emtrasur, al igual que los otros 4 tripulantes persas, comienzan a conocerse las primeras decisiones judiciales de la fiscal argentina, Cecilia Incardoa sobre el presunto caso de terrorismo.
Mario A. Beroes R./El Político
La fiscal Incardoa ordenó la imputación del piloto iraní del avión venezolano Jumbo 747-300; YV-3531, retenido desde el 6 de junio en el aeropuerto de Ezeiza, que presta servicios a la capital, Buenos Aires.
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Gholamreza Ghasemi es miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), eslabón de las fuerza Quds (IRGC-QF).
Este grupo castrense iraní está vinculado con casos de terrorismo, y en el caso de Argentina, con los atentados a la AMIA y la embajada del Estado de Israel en dicho país suramericano.
La juez también ordenó investigar al resto de la tripulación iraní, conformada por 4 tripulantes.
“Con el avance de las tareas investigativas llevadas de aquí en adelante, han surgido varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, indica la decisión de la fiscal.
La funcionaria señaló que las irregularidades en que está incurso el avión de carga de Emtrasur, despiertan la sospecha de una intención oculta como la de “proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.
Precisó que tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a Argentina “fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes".
Datos de la prensa argentina hablan de 60 medidas de prueba y el expediente del caso suma ocho cuerpos.
Los informes preliminares no han arrojado pruebas contundentes contra los acusados, pero aún falta el informe definitivo de lo que se extrajo de equipos electrónicos decomisados y el análisis de la caja negra del avión.
El recuento de la investigación
El 6 de junio llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, un avión de la aerolínea de carga Emtrasur con bandera venezolana. El vuelo estaba compuesto por 19 tripulantes: 14 venezolanos y 5 iraníes.
El juez Federico Villena ordenó inmovilizar el avión el 10 de junio y retener los pasaportes de los ciudadanos iraníes.
Toda la tripulación se hospedó en un hotel cercano al aeropuerto, allanado posteriormente por orden del mismo juez el 13 de junio en la noche.
En el operativo policial se incautaron celulares, computadoras, iPads, pendrives, documentos y los pasaportes de los 14 venezolanos.
Luego, las autoridades argentinas ordenaron la prohibición de salida del país a los tripulantes y la incautación de la aeronave.
A los pocos días, la justicia de ese país recibió un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el que se relaciona al piloto Gholamreza Ghasemi con la Fuerza Quds, un grupo de elite perteneciente a la Guardia Revolucionaria de Irán.
Además, se conoció que el avión incautado, un Boeing 747 Dreamliner, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y ahora pertenece a Emtrasur, filial de Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En su momento, también salieron a relucir testimonios, transmitidos por una cadena televisiva, en que el dueño de un hotel en que se hospedaban dio información de la manera cómo pagaban la estadía.
Estos datos y otros aun no dados a la luz pública, son analizados y a esperar por alguna resolución que aclare este panorama que deja entrever hasta donde llegan las relaciones “diplomáticas” de regímenes sostenidos por una estela de sobornos y corrupción.
Régimen venezolano: respuesta tímida
El régimen de Nicolás Maduro apenas si ha tocado el tema. Más allá de la "aclaratoria" del presidente de Conviasa, y una respuesta diplomática al gobierno de la República Oriental del Uruguay, por cerrar su espacio aéreo a la aeronave, no han habido otras respuestas.
De hecho, la actual embajadora en Argentina, Stella Lugo, quien además fue la autora de las negociaciones en la compra de las aeronaves a Irán, han guardado un silencio total sobre el tema.
