La embestida contra Milagro Sala en Jujuy parece no tener descanso. La Justicia ordenó ayer el embargo de cuatro propiedades, que se sumarán al secuestro de varios vehículos de alta gama ligados a la líder de la Tupac Amaru.
Los operativos, que comenzaron anteayer, son parte de la "mega causa" en la que se investiga el presunto desvío de millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, que habían sido enviados al gobierno jujeño por el gobierno nacional durante el kirchnerismo.
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Según el fiscal de la causa, Aldo Lozano, la Justicia embargó cuatro propiedades utilizadas por dirigentes de la Tupac ubicadas en distintas localidades de la provincia Una de las viviendas pertenece a la hija de la dirigente, Claudia Chorolque Sala, y todas están a nombre de simpatizantes de la dirigente o miembros de la Tupac.
Además, se confirmó que los autos incautados hasta el momento por orden del juez de Control Penal de Jujuy Jorge Zurueta son siete y no 19, como había trascendido anteayer. Sin embargo, las autoridades continúan en la búsqueda de otros 22 rodados que deben ser secuestrados.
El fiscal Anticorrupción de la provincia, Joaquín Millón Quintana, que impulsó una denuncia por lavado de dinero hace cinco meses, considera que los bienes habrían sido comprados por miembros de la Tupac con dinero previsto para las viviendas.
El embargo de las viviendas es registral y fueron solicitados a la Dirección General de Inmuebles. Dos de las propiedades están ubicadas en Los Alisos, en un barrio cerrado, y ambas habrían sido adquiridas en el mismo día. Otra está localizada en el barrio Los Perales, una de las zonas más exclusivas de la capital jujeña, y la última se encuentra en Tilcara.
Consultado acerca de las razones que motivaron el pedido de secuestro, Lozano explicó que hay sospechas de que el origen del dinero utilizado por las personas que figuran como propietarios para la compra de las propiedades y de los vehículos no podía ser justificado. "Todas las compras fueron realizadas en efectivo y de contado, de personas que no podrían verificar el origen de tales dineros", dijo Lozano.
Según consta en la causa que acusa a Sala de integrar asociación ilícita, defraudar al Estado y extorsionar, se habrían desviado hasta $ 700 millones destinados a la construcción de más de 1800 casas.
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La orden volvió a servir de motivo para que los simpatizantes de la dirigente detenida desde el 16 de enero denunciaran persecución política y la violación del Estado de derecho en la provincia, gobernada por el radical Gerardo Morales.
Paula Álvarez Carreras, una de las abogadas de Sala, lamentó que la medida judicial sea dispuesta "en medio de la feria judicial" y "sin mediar los requisitos de urgencia para ello".
Con información de La Nación de Argentina
