Comienzan las indagatorias en la causa Los Sauces SA, la inmobiliaria que Cristina Kirchner tiene junto a sus hijos Máximo y Florencia. Serán 21 personas que, en función de los diferentes roles asumidos, deberán explicar ante el juez Claudio Bonadio un complejo entramado de relaciones comerciales, financieras y económicas sospechadas de lavado de dinero, pago de coimas, falsificación de documentos públicos y negocios incompatibles con la función pública.
La Justicia busca cerrar en esta primera parte, el “enjambre societario” que permitió el manejo de sumas millonarias de dinero en una contabilidad “poco transparente y con poca documentación respaldatoria”, según sostienen en la Justicia. Las indagatorias arrancan hoy y concluirán el 7 de marzo con la presencia de la ex Presidenta, la accionista mayoritaria de la empresa que tuvo como principales clientes a Cristóbal López y a Lázaro Báez.
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Los Sauces SA se constituyó en 2006. Durante tres años no registró actividades ni ingresos económicos. En 2009, sin embargo, realizó un desembolso de $ 9.625.758 para adquirir inmuebles. Ese mismo año declaró una deuda de $ 3 millones con Loscalzo y Del Curto, una constructora del Grupo Báez.
La Justicia investigó en una primera instancia estos números, considerando sospechoso que una empresa inactiva logre realizar inversiones en inmuebles que, para 2012, superaban los $ 10 millones. Desde entonces la sociedad de los Kirchner tuvo acuerdos comerciales, casi con exclusividad, con Báez y López.
La causa comenzó investigando -después de la denuncia de Margarita Stolbizer- la presunta falsificación de documentos públicos por las irregularidades observadas en algunas propiedades de Los Sauces SA, entre ellas el chalet donde reside la ex Presidenta en Río Gallegos, que se inscribió con una fecha que no se condice con la compra. Los valores también son investigados: fue comprada por 200.000 pesos y vendida a Los Sauces SA por 250.000 dólares.
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