Justicia para la Paz, la primera tarea del Congreso en el 2017. En sesiones extras se discutirá el que es el núcleo del acuerdo que firmaron el Gobierno y las Farc.
En menos de dos semanas, el 16 de enero, el Congreso comenzará sus sesiones extras con el trámite del proyecto para echar a andar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), núcleo del acuerdo que firmaron el Gobierno y las Farc en el punto de justicia durante las negociaciones de paz en La Habana. A la Jurisdicción Especial para la Paz deben acudir los guerrilleros, particulares y agentes del Estado que cometieron delitos graves en medio del conflicto armado con las Farc.
Del arranque de la JEP, que tendrá una Sala de Amnistía, depende también que se concrete el perdón e indulto para los guerrilleros que solo tienen deudas con la justicia por rebelión y delitos conexos a esta, pues la Ley de Amnistía fue aprobada a finales de diciembre y el presidente Juan Manuel Santos ya la sancionó. Según el Acuerdo Final de Paz, la JEP estará integrada por magistrados nacionales, y la idea es que esté en funcionamiento a mediados del 2017, cuando las Farc habrán completado el desarme y habrán hecho el tránsito a la vida civil.
Esto, para que, de inmediato, los guerrilleros que deben responder por crímenes graves puedan acudir a ella, contar la verdad, recibir la sentencia de restricción de libertad y trabajo comunitario y comenzar a cumplirla en el lugar que les indique el Tribunal para la Paz. A continuación, las claves de la reforma que se tramitará en el Congreso.
La JEP aplicará no solo sanciones retributivas sino también restaurativas y reparadoras a los responsables de delitos cometidos con ocasión del conflicto antes del primero de diciembre del 2016.
Tendrá en sus manos la administración de la justicia de manera transitoria y autónoma, impondrá las sanciones que correspondan a las conductas consideradas graves según el Derecho Internacional Humanitario, o graves violaciones de los derechos humanos, y otorgará el beneficio de amnistía o indulto a quienes sean señalados por delitos políticos o conexos. (Además: Por JEP, militares condenados ya podrían recuperar su libertad)
Las sentencias del Tribunal para la Paz pasarán a cosa juzgada y se garantizará su inmutabilidad; es decir, sus decisiones no tendrán otra instancia porque el Tribunal es órgano de cierre. La implementación de la JEP no modifica las normas vigentes para presidentes o expresidentes. Si le llega una denuncia contra un jefe o exjefe de Estado, la remite a la Cámara.
Con información de El Tiempo
