Un juez da el primer paso para investigar las denuncias presentadas por los partido Popular, Vox y Laócratas y determinará si se cometió el delito de prevaricación en el caso conocido como ‘Delcygate’.
El Político
El juez que investiga el encuentro entre José Luis Ábalos, ministro de Transportes de España, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, el pasado mes de enero en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha pedido al Ministerio del Interior un informe de protocolo de actuación con los pasajeros tras bajarse del avión.
Antonio Serrano-Arnal, magistrado en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, ha tomado esta decisión tras haber asumido las competencias para investigar este caso y las denuncias realizadas por los partidos Popular, Vox y Laócratas por la presencia de la número dos de Maduro, que tiene prohibida su entrada en la Unión Europea por las sanciones que pesan sobre Venezuela debido a las violaciones de los derechos humanos que se cometen en ese país.
El magistrado ha solicitado al Ministerio del Interior que le informe del citado protocolo de actuación con los pasajeros tras las llegadas de los vuelos y quiénes son los funcionarios encargados de hacerlo cumplir, según han informado fuentes jurídicas.
Demandas ante los tribunales
El partido Laócratas presentó ante el Tribunal Supremo una querella contra José Luis Ábalos por un presunto delito de prevaricación administrativa. Después, el Partido Popular (PP) presentó una solicitud ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid para que pidiera a la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) que conservara los vídeos de vigilancia de la noche del encuentro y evitar así que se borrasen.
Este juez ordenó a AENA que conservara los videos, advirtiendo que si se destruyen cometería un delito de desobediencia. El juez aún no ha reclamado esas cintas, pero todo indica que lo hará en breve.
Este tribunal, que se encontraba de guardia, remitió las diligencias al turno de reparto de los juzgados de Madrid y recayeron en el Juzgado 47, que se ha inhibido en favor del juez Antonio Serrano porque entiende que la denuncia del partido de Pablo Casado se refiere a los mismos hechos que éste ya estaba investigando con anterioridad.
El juez Antonio Serrano ha admitido esta inhibición y ha recibido también la denuncia presentada por Vox. En esta querella se incluye la declaración ante notario de un vigilante de seguridad de Barajas que dice lo que vio del encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez.
Suspenden el sueldo al testigo principal
Por su parte, la empresa de seguridad privada Ilunion abrió expediente a uno de sus trabajadores acusándolo de haber permitido el acceso de periodistas a las instalaciones donde pasó la noche la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.
Y ahora, ha decidido suspender con dos meses de empleo y sueldo al mismo vigilante, uno de los testigos clave de todo lo ocurrido en la reunión que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo con la vicepresidenta venezolana en territorio español.
De este modo, Ilunion pasa a sancionar al empleado J.S.M.M. por una supuesta falta muy grave. Pero lo llamativo no es sólo eso: Ilunion Seguridad no ha llegado a comunicar al trabajador la sanción ni el resultado del expediente. Y, pese a ello, el empleado se ha encontrado con el mensaje, como primer aviso, de la propia Seguridad Social informándole de que se había suspendido su cotización.
El expediente destaca que la actuación contra el trabajador se abrió tras haber recibido “la Dirección de la Empresa diversas quejas por parte del cliente AENA referentes a su actuación en el desarrollo del servicio prestado por usted el día 29/01/2020, en horarios 00:00 a 02:30 horas, en el puesto denominado FBO”.
La fecha correspondería, según la compañía, al momento en el que “durante la prestación de su servicio se produjeron algunas grabaciones y toma de fotografías, tanto de salas VIP como del Filtro de Seguridad, que se encontraban en ese momento bajo su vigilancia, y posteriormente fueron divulgadas por un medio de comunicación”.
Las imágenes en cuestión hacen alusión a las que reveló OKDIARIO de las zonas en las que efectivamente pasó la noche Delcy Rodríguez y que, como se podía apreciar perfectamente en las grabaciones, se encontraban al lado español del control fronterizo. Es decir: que se trataba de zona española con plena seguridad, algo que desmentía las afirmaciones del gobierno al asegurar que la mano derecha de Maduro no pisó suelo español.
Los testigos del ‘Delcygate’
Lo cierto es que la presión de la compañía de seguridad privada, lejos de relajarse tras el encuentro entre Delcy Rodríguez, sancionada por la UE por violación de derechos humanos en la dictadura venezolana, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha ido a más después de que uno de los testigos presenciales de lo ocurrido aquella noche y madrugada en el aeropuerto de Barajas decidiera romper el silencio y desvelara ante notario todo lo que presenció de forma directa.
Ese testimonio sobre el ‘Delcygate’ detalla, a lo largo de tres folios, el minuto a minuto de cómo el pasaje enviado desde Venezuela cruzó a territorio español con la número 2 del régimen de Nicolás Maduro a la cabeza, que se hizo sin controlar el pasaporte de la vicepresidenta y que hasta se cruzaron carros de maletas sin control alguno.
Ese testigo ha elevado a fe pública su declaración y ha señalado que “aproximadamente a las 00:10 – 00:15 llega el ministro Ábalos cruzando el arco detector con otra persona (a la que posteriormente identificó por fotografía como Koldo García Izaguirre), queriendo acceder directamente a zona restringida”, y que posteriormente “José Luis Ábalos y tres personas le acompañan a zona restringida (pistas) sin pasar ninguna medida de seguridad con objeto de acceder al avión”.
“En torno a la 01:30 horas regresan de la zona de pistas, el ministro con las personas que le han acompañado, junto con los miembros que llegaban del vuelo de Caracas”, añade el testigo. Es decir, con los venezolanos y, entre ellos, por supuesto, Delcy Rodríguez.
Hay que aclarar cómo se cumple la prohibición de la UE
Además, el titular del Juzgado de Instrucción 31 ha librado un oficio a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería para que informe del "procedimiento seguido para la implementación, efectividad y cumplimiento en el territorio español de la decisión de la Unión Europea que impide la entrada o tránsito por su territorio de, entre otros, la dirigente bolivariana". Y en concreto que aclare "la puesta en conocimiento de funcionarios y autoridades encargadas de su vigilancia y cumplimiento".
También reclama "la identificación de la autoridad o funcionario" encargado de cumplir esa decisión de la UE en lo que afecta al aeropuerto de Barajas.
La solicitud responde a la querella por prevaricación presentada por el Partido Laócrata dirigida contra los funcionarios o autoridades que permitieron la entrada en España de Rodríguez, que tiene prohibido pisar la Unión Europea. El juez ha acordado abrir diligencias a raíz de la querella, y previamente a la admisión formal de ésta, así como asumir también la querella presentada por Vox y la denuncia del Partido Popular sobre los mismos hechos.
En paralelo a la actuación en los juzgados de Madrid, el Partido Laócrata presentó otra querella por prevaricación administrativa contra el ministro en el Tribunal Supremo, ante el que el dirigente socialista está aforado. El juzgado de Madrid puede investigar lo sucedido e imputar a mandos policiales, pero no puede actuar directamente contra Ábalos.
El acuerdo de la Unión Europea
El acuerdo europeo por cuya aplicación pregunta el juez fue aprobado por el Consejo el 17 de noviembre de 2017. La decisión 2017/2074 establecía en su artículo 6 que "los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él: a) las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela; b) las personas físicas cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela, enumeradas en el anexo I". Ese anexo incluía desde junio de 2018 a "Delcy Eloína Rodríguez Gómez", la dirigente bolivariana con la que Ábalos departió la noche del 19 al 20 de enero.
El motivo de que se le prohibiera entrar o transitar por la UE es que Rodríguez "es vicepresidenta de Venezuela, fue presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima y fue miembro de la Comisión Presidencial para dicha Asamblea. Sus acciones en el marco de la Comisión Presidencial y, a continuación, como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político".
(Con información de OKdiario, El País, El Mundo)
