Una abogada española tumbó al gobierno neerlandés, se trata de Eva González Pérez quien demostró la discriminación que había en las ayudas a las familias para el pago de la guarderías de sus hijos.
El Político
Debido a la defensa hecha por la abogada española, el gobierno de Mark Rutte renunció en bloque. Pero en marzo Rutte fue reelegido como primer ministro de Países Bajos.
El escándalo comenzó con una denuncia en el año 2014 de Eva González Pérez, una abogada de origen español, quien defendía a los padres afectados, la mayoría inmigrantes, por el retiro de ayudas a sus hijos.
El procedimiento involucró al Congreso y entre la prensa y el trabajo ante los tribunales por parte de González acorralaron al Ejecutivo para evitar «una injusticia sin precedentes», según indicó el parlamento de ese país.
Una abogada española se involucró en el caso
Después de 20 años lidiando en los juzgados con difíciles situaciones sociales y experta en derecho laboral, González se involucró en este caso en julio de 2014.
Los padres de los niños de una guardería propiedad de su esposo recibieron una comunicación de Hacienda informando que quedaba anulada la ayuda estatal que recibían para pagar el kindergarten.
Una ayuda cercana a los 1.000 euros al mes.
Todas las guarderías son privadas
«En Holanda, no hay guarderías públicas, pero el Estado devuelve un porcentaje de lo pagado, según los ingresos familiares», indica González.
Agrega que Hacienda les acusaba de fraude y les obligaba a devolver el dinero que habían recibido, sin darles las razones por las cuales se tomaba esa decisión.
Creyo que sería un simple trámite aministrativo
La abogada se comprometió a llevar los documentos que demostraban que cumplían todos los requisitos, pensando que sería un simple procedimiento administrativo.
Pasaron varias semanas y los 157 clientes de González no recibían respuesta de la Administración. Además, descubrió que habían 26.000 familias afectadas.
«Eran personas vulnerables, algunas tuvieron que vender sus casas para pagar la supuesta deuda», expresa.
Hasta que por fín la escucharon
Más de un año después, un juez dictaminó a favor de las familias, pero «Hacienda apeló» ante el máximo tribunal holandés.
Pero cuando el caso dio un giro total: un funcionario de Hacienda, al saber que había ganado el caso en primera instancia, invitó a «hablar» a la abogada española Eva González Pérez.
Selección por nacionalidad
Allí descubrió el fondo del asunto «Dijo que él había controlado en dos años a 300 personas y nos dejó mirar en la pantalla de su computador».
Se dio cuenta que junto al DNI de cada persona se había escrito su segunda nacionalidad: turco o marroquí.
Es decir, en Hacienda estaban seleccionando por nacionalidad y eso en Holanda está prohibido, es discriminatorio.
El Estado los acusa de fraude
Con la información obtenida, González acudió al Parlamento, el Defensor del Pueblo y la autoridad de protección de datos personales, que comenzaron sus propias investigaciones.
Cuando desde el juzgado le llegó el dossier, algo habitual en los Países Bajos, el sobre contenía un documento adicional: unas listas de personas, entre ellas sus clientes, a las que se señalaba como fraudulentas sin que ninguna lo supiera.
Ella comenzó a inquirir sobre tal listado con todo el que se cruzaba en los juzgados, y alguien le comenzó a filtrar documentos relacionados con la actuación de Hacienda. El gobierno, entre tanto, callaba.
Sólo un 10% de holandeses
«No tengo probado que fuera racismo, sólo que discriminaban por nacionalidad», explica, y agrega que el 90% de las familias afectadas no son holandesas.
«Aún no sabemos qué hicieron para estar en esa lista y se sigue investigando». En 2018 el caso comenzó a salir en la prensa.
«No quise hablar de discriminación al principio porque mi estrategia buscaba que todos se identificaran con las personas a las que se les había quitado un derecho».
Apariciones en televisión
Parejas mixtas, como la propia González, criada en Holanda y casada con una persona de origen turco, dieron la cara en la televisión.
La táctica funcionó. En 2020, una comisión de investigación parlamentaria dictaminó que a las familias afectadas se les debía devolver lo que se les obligó a pagar, más un 25% por daños y perjuicios.
«El Gobierno actuó en contra de la ley, dejó a gente esperando durante años y mintió al Parlamento», manifiesta González.
Dimisión de Rutte y su gabinete
El 15 de enero de 2021 el gobierno de coalición, liderado por Rutte, dimitió en bloque pero permaneció en funciones. No
obstante, el titular de Economía, Eric Wiebes, tuvo que dejar su cartera de forma inmediata al ser el responsable de la autoridad fiscal durante los años en que se fraguó el caso.
La dimisión tuvo carácter simbólico, ya que las elecciones generales al Parlamento de los Países Bajos ya estaban previstas para el 17 de marzo de 2021, por agotamiento del mandato.
El 17 de marzo de 2021, el Partido Liberal por la Libertad y la Democracia de Mark Rutte volvió a ganar las elecciones por cuarta vez.
El caso continúa
El caso prosigue con González a la cabeza. Cincuenta familias han decidido mantener su reclamación.
«Esto puede subir a un nivel más alto, queremos que Europa investigue lo que está pasando aquí, y determinar que no es solamente un error», observa.
«Esto puede ir más allá del asunto de Hacienda y las guarderías», comentó la abogada española, quien ahora participa en diversos eventos, para mostrar como luchar contra los abusos a los extranjeros.
