Las organizaciones delictivas encontraron tierra fértil en la crisis económica y en la pobreza generalizada en el país para fortalecer su estructura. El informe correspondiente a 2017 del Observatorio Venezolano de Violencia señala que las técnicas de reclutamiento empleadas generalmente por estos grupos criminales para la conquista de “miles de jóvenes”, que anteriormente estaban basadas en el poder y el lujo, entraron en desuso en 2017 frente al hambre y la necesidad, de acuerdo con los datos recabados por sus equipos en siete estados que concentran 49% de la población nacional.
“Las bandas delictivas brindan apoyo material a quienes identifican como pobres o vulnerables, regalándoles comida, prestándoles dinero, lo que les permite la captación de muchachos para quienes estos jóvenes armados son “buenas” personas a quienes les “gusta ayudar” y hasta aconsejar en casos de necesidades y problemas”, indica el estudio que afirma que las tres cuartas partes de las víctimas que mueren por la violencia tienen menos de 30 años de edad y por ese motivo también las tres cuartas partes de los que asesinan tienen también 29 años de edad o menos.
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— El Político (@elpoliticonews) January 3, 2018
“Los grupos delictivos están avanzando con la conquista de miles de jóvenes que incursionan en la violencia y cuyo destino está siendo la muerte, la cárcel y la frustración de tantos sueños y esperanzas forjados por sus familias y comunidades”.
Frente a esta realidad, la OVV constató el aumento de la inseguridad personal ante el deterioro de policías, tribunales y cárceles, componentes indispensables del sistema de justicia penal para la contención del delito, en 2017.
Destacó el importante retroceso en la pérdida de funcionarios que padecieron los cuerpos policiales en 2017. “Durante todo el año fueron continuas las renuncias de los agentes, que abandonaron sus puestos de trabajo para buscar empleo y mejores salarios en el sector privado o para emigrar del país. Eso ha llevado a una reducción del pie de fuerza de las policías que limita las funciones preventivas y el servicio a la ciudadanía”, indica.
Los investigadores señalan que la sustitución de este personal por las nuevas promociones formadas de manera exprés “no pueden garantizar ni el personal idóneo ni su capacitación adecuada para cumplir las importantes funciones que se les encomiendan”.
Las intervenciones de las policías municipales y regionales ocurridas durante todo el año, con una clara motivación político-partidista después de las elecciones regionales, “crearon una imagen negativa y parcializada de los policías ante la población y una desmoralización entre los propios funcionarios, nuestros estudios muestran que se sienten fichas del juego político y no servidores de toda la comunidad”, expresa la OVV en el informe.
“La implicación de los funcionarios policiales y militares en la comisión de robos, secuestros, tráfico de drogas y homicidios constituye una grave pérdida para la sociedad. La denuncia pública de la fiscal general de la República que 20% de los homicidios en el país; es decir, uno de cada cinco, son cometidos por funcionarios policiales, es de suma gravedad”, apunta y agrega que los estudios realizados por los observatorios regionales reportaron que 19,5% de todos los delitos violentos conocidos por la sociedad durante el año 2017 “tuvieron como autores a funcionarios policiales militares”.
El estudio hizo mención a la situación de las cárceles convertidas en “clubes sociales del crimen y centros para la planificación y ejecución de delitos fuera del recinto penitenciario”. “Esto constituye la mayor afrenta posible al sistema de justicia penal”, advierte y le recuerda al Estado que es el responsable de ejecutar políticas adecuadas y planes eficaces para la prevención del delito y ofrecerles seguridad a las personas y a sus bienes.
Vía El Nacional
