La nueva crisis que comenzó el pasado 18 de febrero dejó a medio país sin servicio eléctrico. La zona occidental, desde Zulia hasta Táchira es la más afectada. El servicio eléctrico sintetiza los males de Venezuela: corrupción, ineficacia y falta de seguridad jurídica que retarda el otorgamiento de créditos.
El Político
Leer lo que se publica sobre las fallas del servicio eléctrico es entrar en una entramada red de ineficacia, corrupción y inseguridad, que salpica a gente del gobierno y a la oposición , a bancos internacionaes y corporaciones de de desarrollo, pocos se salvan de una tragedia que se anunciaba y ahora es evidente. En Venezuela no hay luz y las protestas son reprimidas en todas partes.
Las acusaciones llegan hasta el empresario Alejandro Betancourt López, señalado por lavado de dinero en Estados Unidos, como parte de la directiva de Derwick Associates Corp., empresa que fue favorecida con importantes contratos para la adquisición y construcción de plantas termoeléctricas.
Jorge Rodríguez Ministro de información y comunicación de Nicolas Maduro, hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez pretende ahora salpicar a la oposición, incluído a Juan Guaidó uno de los escándalos de corrupción más sonados en los que ha incurrido el chavismo, como lo fue el plan de adquisición de termoeléctricas para denunciar un presunto financiamiento de parte de Betancourt, directivo de esa empresa, a Guaidó y a su partido, Voluntad Popular, asegura que la corrupción que ha protagonizado el chavismo, llega hasta el principal líder opositor.
La denuncia de Rodríguez partió de la publicación del periódico El Nuevo Herald, en la que señala que el bufete en el que trabajaba la diputada opositora, Tamara Adrián, “certificó la legalidad de una serie de préstamos a la estatal Petróleos de Venezuela, esquema que la justicia estadounidense hoy dice que fue utilizado para malversar US$ 4.500 millones, en lo que es considerado el mayor caso de corrupción chavista visto hasta ahora. La opinión legal escrita por Adrián en 2012, tres años antes de convertirse en diputada, concluyó que los préstamos otorgados en bolívares a PDVSA y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales”.
Lo cierto es que el gran negocio en tiempos de Chávez era conseguir dólares a precios preferenciales y venderlos a dólar libre.
Tamara Adrián, relacionada con Derwick Associates y un caso de corrupción que dañó la red eléctrica nacional aclaró que no le hicieron una consulta legal y ella la respondió, desde el punto de vista jurídico, m{as nada y así lo corrigió el periódico que la implicó en el caso.
Adrián confirmó en declaraciones públicas que a El Nuevo Herald: “se le solicitó la rectificación y ellos rectificaron el titular. A comienzos de 2012 un cliente solicitó nuestra opinión estrictamente jurídica, como abogada en ejercicio, sobre la legalidad de un contrato a ser firmado por ese cliente con PDVSA, y, particularmente sobre el tema cambiario. Se nos preguntó si el pago en moneda extranjera de obligaciones asumidas por PDVSA en bolívares estaría o no en contravención con el ordenamiento cambiario y legal, siempre que tal pago generase ganancias claras para PDVSA. Tomando en consideración la legislación vigente en esa época expresé que, sometido al cumplimiento de las condiciones y requisitos explicados en la misma, el pago así hecho no estaba en contravención con el ordenamiento jurídico cambiario y legal de ese momento. Eso fue cuatro años antes de que yo fuera electa como diputada de la Asamblea Nacional”, explicó la diputada Adrián.
Es de destacar que Betancourt ha desmentido las denuncias en su contra y ha señalado que su empresa cumplió con todos los contratos obtenidos con el gobierno de Hugo Chávez.
“En relación a las investigaciones de la Fiscalía, y otros estamentos públicos de Venezuela y de EEUU, hay que destacar que todas las causas, sin excepción, han sido archivadas”, expresó el abogado español Javier Gómez Bermúdez, en representación de Betancourt en un escrito enviado a El Estímulo.
Organismos internacionales prestaron grandes sumas
Venezuela durante los tiempos democráticos hizo grandes esfuerzos para consolidar el desarrollo de la energía hidroeléctrica, desde los ríos Caroní y Orinoco en Guayana, pero Chávez se dejo tentar por la energía hidroeléctrica y su mala implementación dejó sin luz al país.
Mientras las islas del Caribe cuidan como oro las plantas que Ch{avez les donó, en Venezuela están desactivadas. Ademas el colegio de ingenieros ha denunciado entre otras cosas, que fueron colocadas en zonas verdad de la antigua electricidad de Caracas, necesarias para expandir las redes, así que ahora no hay ni terrenos ni redes.
El gran apagón
El 22 de julio de 2019 ocurrió el sexto de los apagones masivos en Venezuela que comenzaron desde 2009, que revelan el grave estado de deterioro en que se encentra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN); a pesar de los miles de millones de dólares destinados al plan diseñado por el gobierno de Hugo Chávez.
Desde 2007, Rafael Ramírez concibió y puso en marcha un complejo y costoso proceso para darle prioridad a una superestructura de plantas termoeléctricas, que complementara la capacidad hidroeléctrica del país.
En un período que abarcó 8 años, entre 2008 y 2015, el gobierno venezolano destinó una cifra sin precedentes de unos $34.000 millones para adquirir equipos y construir la nueva infraestructura con más de dos docenas de empresas nacionales y extranjeras.
Entre ellas estuvo la empresa Derwick Associates, fundada por Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau en 2003, quienes recibieron 11 contratos para construir termoeléctricas en el país; al igual que otras compañías de Brasil, China y España, pero también la entonces Corporación Andina de Fomento, organización que está dispuesa a otorgar otro préstamos pero está a la epera de que las tres asambleas parlamentarias de Venezuela se pongan de acuerdo sobre las restricciones que establece la Constitución Bolivariana.
La oscura transparencia
En un informe presentado por Transparencia Venezuela en noviembre de 2018 y titulado “Venezuela en apagón”, se alertó la crítica situación del sector. Los especialistas citados sostuvieron que la crisis es resultado de una combinación de falta de mantenimiento, mala gestión, desfalco y desinversión. Destaca, por ejemplo, que entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones para aumentar la generación termoeléctrica, solo en esos casos se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones.
Vale destacar que no fue un plan solo del ex ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA, hoy en el exilio, sino un proyecto nacional del chavismo, que apoyados en el boom petrolero, se plantearon reforzar el sistema hidroeléctrico. En su primera etapa contempló la nacionalización de las empresas privadas del sector para alinearlas en conjunto al nuevo proyecto. El caso emblemático fue la compra por US$ 740 millones de La Electricidad de Caracas por parte de PDVSA; La Electricidad de Carabobo y Enelven de Zulia, que dieron origen a Corpoelec.
Corpoelec, cuna de la crisis eléctrica en el país
Desde esos años se afianzó un ciclo de deterioro del sector por corruptelas, cambio de gerentes especializados por figuras con intereses políticos, aplicación del “control obrero” y fallas en mantenimiento. En 2009 comenzaron producirse los apagones de envergadura que llegaron a paralizar a gran parte del país con recorte de más de 23 mil fallas atribuidas a un supuesto sabotaje.
La Asamblea Nacional en octubre de 2016, ya con mayoría parlamentaria opositora, aprobó el informe final de una investigación sobre la caída del sistema eléctrico (Expediente No. 1.648) que concluyó que durante la gestión de Ramírez, entre 2004 y 2014, se generó un daño a la nación superior a US$ 11.000 millones.
Varios expertos estiman la capacidad instalada actual del SEN de hidroeléctricas y termoeléctricas en 34.000 MW; pero la capacidad de servicio apenas alcanza a 10.000 MW, según el informe preparado por expertos para el programa Plan País que presentó el presidente interino, Juan Guaidó para recuperar la economía.
Desde 2010 cuando se profundiza la crisis eléctrica cuatro funcionarios ocuparon el cargo de presidente de Corpoelec y al mismo tiempo fueron ministros de Energía Eléctrica, lo que comprometió las tareas de control y fiscalización de lo que allí ocurrió: Alí Rodríguez Araque, Argenis Chávez, Héctor Navarro, Jesse Chacón Escamillo y Luis Motta Domínguez.
Un problema sin solución que aumenta la terrible vida que padecen millones de venezolanos
