Ahogado por la crisis económica y la corrupción, Brasil vivió un año de convulsión política que no se resolvió con la destitución de Dilma Rousseff y que amenaza al nuevo gobierno, liderado por el conservador Michel Temer, cercado por los escándalos.
La recesión y las denuncias de corrupción que aceleraron el desplome del Partido de los Trabajadores (PT) después de 13 años en el poder se han acentuado en los últimos meses y buena parte de los brasileños no confía en Temer, según las últimas encuestas.
Los sondeos revelaron que más de un 60 por ciento de votantes apoyaría elecciones anticipadas, una cifra similar a la que arrojaban los sondeos antes de la caída de la expresidenta.
La de Rousseff fue la crónica de una destitución anunciada desde principios de año, cuando su aislamiento era evidente, la crisis económica elevaba la tensión social y la corrupción salpicaba a toda la clase política pero se cebaba en el PT.
Los Juegos Olímpicos retrasaron el proceso para no empañar la imagen del país, pero inmediatamente después, el 31 de agosto, el Congreso destituyó a la primera mujer que ocupó la Presidencia de Brasil y cerró de un portazo la "era PT".
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Michel Temer, que llegó al gobierno como vicepresidente de Rousseff al frente del poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más importante del país, asumió la Presidencia con un paquete de recortes para lanzar un guiño a los mercados y dispuesto a terminar el mandato, en enero de 2019.
Temer, de 75 años, se estrenó con polémica. Excluyó a mujeres y negros de su Gabinete y eliminó la cartera de Cultura. Las críticas le obligaron a rectificar.
Tampoco estuvo acertado en el nombramiento de sus ministros y perdió seis por vínculos con la corrupción en apenas cuatro meses, entre ellos los de Planificación, Transparencia, Cultura y el influyente titular de la Secretaría de Gobierno, Geddel Vieira Lima, tras un escándalo de tráfico de influencias que salpicó al propio Temer.
Su plan de ajuste económico levantó ampollas, sacó a los brasileños a la calle e irritó a muchos de los gobernadores, ahogados también por los números rojos.
Tres estados llegaron a declarar "calamidad financiera" (quiebra), entre ellos Río de Janeiro que, tras la fiesta olímpica, ni siquiera podía asumir los salarios de sus funcionarios, que se movilizaron en las calles dispuestos a no pagar los platos rotos de los Juegos.
Presionado por los gobernadores, Temer liberó 1.500 millones de dólares para los estados a cambio de apoyos a los recortes -concentrados en partidas sociales-, y a su polémica reforma de pensiones, que establece, entre otras medidas, la necesidad de cotizar durante 49 años para cobrar la prestación máxima.
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Acorralado por los escándalos, Temer se apresura a sacar adelante con sus aliados su plan de ajuste, ante la incapacidad de un PT estigmatizado por la corrupción para ejercer el papel de líder de la oposición.
Las urnas pasaron factura al PT, el partido que gobernaba cuando se perpetró el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil -miles de millones desviados de la gigante estatal Petrobras- destapado por la investigación conocida como Lava Jato.
El Lava Jato ha puesto en jaque a algunas de las principales empresas del país y a la clase política, ha marcado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y ha salpicado también a Temer, quien, según un alto exejecutivo de la constructora Odebrecht, llegó a pedir personalmente 10 millones de reales (unos 3 millones de dólares) para la campaña electoral de 2014.
La delación de este exdirectivo afecta a medio centenar de políticos de una decena de partidos y es apenas la "punta del iceberg", dado que Odebrecht ha alcanzado un acuerdo de lenidad con la Justicia y se ha comprometido a pagar cerca de 6.800 millones de reales (unos 2.000 millones de dólares) de multa por su participación en la trama de Petrobras.
Las delaciones amenazan los cimientos del sistema político brasileño sin distinción de partidos, aunque la indignación popular se multiplica cuando se trata de rostros como el de Lula, que fue el político mejor valorado de Brasil y que tiene ahora cuatro causas abiertas por corrupción.
La lista de implicados es interminable, de ahí los intentos de los legisladores por frenar la acción de la Justicia con la aprobación de una propuesta que desdibuja los delitos de corrupción.
Uno de los casos más escandalosos ha sido el del presidente del Senado, Renan Calheiros, que fue suspendido por el Tribunal Supremo por corrupción, se declaró en rebeldía y ganó el pulso en un hecho sin precedentes.
Sin embargo, apenas unos días después, el Fiscal General le denunció por un nuevo caso de corrupción y lavado de dinero.
Malos augurios para Brasil, que en 2017, coinciden las proyecciones, no logrará tampoco superar la crisis económica.
Con información de EFE
