La Corte Penal Internacional (CPI) pospuso el anuncio sobre la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Maduro.
El Político
Bensouda apuntó la semana pasada que espera anunciar si abre o no una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del país caribeño.
La abogada terminó sus funciones al frente de la Fiscalía de la CPI este martes, reportó Infobae.
Promesa incumplida
Agregó que "con respecto a Venezuela, me había comprometido a llegar a una determinación final, en la medida de lo posible, durante el resto de mi mandato".
Dijo que quizás en anticipación a ese resultado, una sala de la CPI recibió un expediente de Venezuela solicitando a la Sala que ejerciera control judicial sobre la realización de nuestro examen preliminar".
De manera confidencial
Añadió que esto fue presentado de manera confidencial, por lo que no puedo referirme a ellas en detalle.
Sin embargo, precisó que su presentación ha sido mencionada públicamente por las propias autoridades venezolanas”, escribió Bensouda, una carta de despedida.
Examen preliminar de la Fiscalía de la CPI
El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, abierto a Venezuela en febrero de 2018, estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y cárceles desde, al menos, abril de 2017.
En la misiva, la fiscal jefa de la CPI expresó que había llegado a una conclusión final sobre la investigación y que estaba preparada para presentarla.
Sin embargo, indicó que con el recurso presentado por el régimen de Maduro, decidió esperar la decisión de la sala de la CPI antes de hacer cualquier anuncio.
Bensouda señaló que “esos procedimientos y su resultado actualmente permanecen clasificados como confidenciales, aunque anticipamos que se harán públicos en breve.
Dado el tiempo transcurrido, lo único que puedo hacer en esta etapa es entregar el documento, que ha sido completado, al Fiscal entrante para su consideración y decisión final"
Cuarto informe entregado por el régimen
El fiscal general chavista, Tarek William Saab, informó este lunes que entregó a CPI un cuarto informe que actualiza casos de “sanción ejemplar” a violaciones de derechos humanos”.
Esto a propósito del examen preliminar del que el país caribeño es objeto.
#COMUNICADO En el día de ayer, Venezuela ha recibido la notificación de la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI sobre la solicitud de control judicial demandada con base en el artículo 46.2 del Reglamento de la CPI, presentada el pasado 27 de mayo. pic.twitter.com/3q7aJqgYs3
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) June 15, 2021
Maduro continúa suministrando información
El fiscal informó, además, que “continúa suministrando información sin saber cuáles son los parámetros de actuación de dicho ente en este caso, cuestión que ha sido reclamada de forma reiterada”.
Las autoridades chavistas ya habían entregado el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI.
Supuesto trato discriminatorio
En dicha solicitud se quejaron de trato “discriminatorio” y “desigual” respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según el fiscal.
Ante el reclamo, la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, negó que ignorase la reclamación.
En ese orden, presentó una respuesta incluyendo ejemplos y estadísticas de su “compromiso” con Venezuela desde que comenzó el examen.
“Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”.
Así lo afirmó la fiscal jefa del tribunal de La Haya.
Decisión en manos de su sucesor
La decisión final sobre la denuncia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela quedará en manos del nuevo fiscal de la CPI, Karim Asad Ahmad Khan.
Por su parte, el nuevo fiscal asumirá el cargo este miércoles 16 de junio, según informó Fatou Bensouda en su informe de cierre de gestión.
Se espera que la CPI anuncie si abre una investigación formal.
En esta fase se imputarían cargos en contra de funcionarios del régimen responsables de las violaciones sistemáticas y generalizadas a los DDHH, señaló ElNacional.
