El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala registró 1.962 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años. El aumento de embarazos adolescentes es similar en otras naciones, unido al incremento de violencia y a la presión de mantener una casa sin poder trabajar fuera de ella
El Político
La organización no gubernamental Observatorio en Salud Sexual y reproductiva de Guatemala (Osar) lamentó este miércoles 10-J que entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2020 los embarazos de niñas se hayan multiplicado.
Además, el Osar subrayó que fueron contabilizados por las autoridades 44.901 embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años de edad, por lo que, en total, el país centroamericano ha reportado este año casi 47.000 embarazos de niñas y adolescentes guatemaltecas.
La entidad enmarcó estos embarazos en un contexto de pobreza, "ruralidad", machismo y desnutrición-
"¿Cuáles son las oportunidades de cambio?" para estas niñas, se cuestionó la ONG en un comunicado difundido este miércoles.
El Observatorio agregó que, "a pesar de los marcos legales, los protocolos de atención integral y los programas de prevención, la situación no ha cambiado y tampoco las oportunidades para estas niñas".
Según un informe de ONU Mujeres, la mayor parte de quienes embarazan a las menores de edad son personas "que las conocen", como familiares o vecinos, por lo que la entidad recomendó necesario tomar conciencia de que ellas, en esta situación, pierden la oportunidad de estudiar y de trabajar, creando una relación de "dependencia" que a tan temprana edad es muy probable que sea "violenta".
De acuerdo a la misma fuente, pese a que Guatemala prohibió los enlaces con menores de 18 años, es necesario que esta norma contenga sanciones en el Código Penal y que se deje de "negociar con la vida de las niñas" porque a veces el matrimonio es entendido como "una oportunidad de futuro".
El confinamiento aviva los abusos
El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres declaró:
"De forma paralela, al tiempo que los sistemas sanitarios se esfuerzan al límite, los refugios para la violencia doméstica alcanzan también su máxima capacidad, agravándose el déficit de servicio al readaptar dichos centros a fin de ofrecer una respuesta adicional al COVID."
Incluso antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y, con el avance de la pandemia del COVID-19, es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías, y de participar en ella.
Tradicionalmente, los bajos índices de denuncia generalizados respecto a la violencia doméstica y de otro tipo han dificultado las medidas de respuesta y la recopilación de datos. De hecho, menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Menos del 10 por ciento de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. Las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar, lo cual incluye las limitaciones de las mujeres y las niñas para acceder a teléfonos y líneas de atención y la alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y los servicios sociales. Es posible que dicha alteración también ponga en riesgo la atención y el apoyo que necesitan las sobrevivientes, como la gestión clínica de las violaciones, y el apoyo psicosocial y para la salud mental. Además, se fortalece la impunidad de los agresores. En muchos países la ley no está de parte de las mujeres; uno de cuatro países no tiene leyes que protejan específicamente a las mujeres contra la violencia doméstica.
Si no se aborda debidamente, esta pandemia en la sombra se añadirá al impacto económico del COVID-19. En el pasado, el costo mundial de la violencia contra las mujeres se ha estimado en aproximadamente 1,5 billones de dólares estadounidenses. Esta cifra sólo puede aumentar en este momento que crece la violencia, y seguir aumentando una vez superada la pandemia.
El aumento de la violencia contra las mujeres se debe solucionar de manera urgente con medidas integradas en el apoyo económico y paquetes de estímulo acordes con la gravedad y la magnitud del reto que reflejen las necesidades de las mujeres que se enfrentan a diversas formas de discriminación.
El Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los gobiernos a que hagan de la prevención y la gestión de la violencia contra las mujeres una parte fundamental de sus planes de respuesta nacionales ante el COVID-19. Los refugios y las líneas de atención para las mujeres se deben considerar como un servicio esencial en todos los países, y deben contar con financiación específica y amplios esfuerzos destinados a mejorar la difusión de su disponibilidad.
Los servicios policiales y judiciales se deben movilizar a fin de garantizar que se otorgue la mayor prioridad a los incidentes de violencia contra las mujeres y las niñas, evitando que los agresores queden impunes. También el sector privado tiene un papel importante que desempeñar, ya que puede compartir información, alertar al personal de hechos y peligros relacionados con la violencia doméstica y fomentar iniciativas positivas como el reparto de tareas de cuidado en casa.
