José Ibarra, un inmigrante venezolano de 26 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años en la Universidad de Georgia.
La sentencia fue dictada por el juez H. Patrick Haggard tras un juicio en el que Ibarra fue hallado culpable de todos los 10 cargos que enfrentaba, incluyendo homicidio doloso y secuestro con lesiones corporales.
Durante el juicio, la fiscalía presentó evidencia abrumadora que incluía ADN de Ibarra encontrado bajo las uñas de Riley y testimonios que indicaban que ella luchó por su vida antes de ser asesinada.
“Reconozco que no existe tal cosa como un cierre. No habrá cierre”, dijo, calificándolo de “tragedia”.
Luego le pidió a Ibarra que se pusiera de pie. El asesino miró hacia el suelo mientras el juez enumeraba su castigo por cada uno de los 10 cargos.
Ibarra no cambió su expresión facial en medio del veredicto, totalizando dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 27 años, con todas las condenas a cumplir consecutivamente.
Este caso ha generado un intenso debate nacional sobre inmigración y crimen, especialmente debido al estatus migratorio de Ibarra como inmigrante indocumentado.
La fiscal Sheila Ross argumentó que la sentencia debía reflejar el daño causado a la familia de Riley, enfatizando que su hermana menor, Lauren Phillips, debería vivir sin la preocupación de que Ibarra pudiera obtener libertad condicional en el futuro.
La condena ha sido vista como un punto focal para las discusiones sobre políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente entre líderes republicanos que han utilizado el caso para abogar por una mayor seguridad fronteriza.
