El Político.- Amenazas y violencias son las ofrendas de la dictadura madurista. Si piensas diferente, ejerces tus derechos democráticos y constitucionales, el régimen te llenara de amenazas y terror, se involucrara en tu trabajo y tu vida hasta que hagas lo que demandan, así no estés de acuerdo con ello.
La legítima Asamblea Nacional declaró nula la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, promulgada por la asamblea nacional constituyente la semana pasada. El proyecto de acuerdo aprobado por el Parlamento “en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente”, establece que el mecanismo legal viola los artículos 202, 49, 51, 57, 58, 62 y 68 de la Constitución; los artículos 6, 11, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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— El Político (@elpoliticonews) November 15, 2017
“La pretendida y espuria ley usurpa las funciones legítimas de la Asamblea Nacional. Es inconstitucional, ilegítima e ilegal desde su origen, pasando por la técnica como se aprobó y además por su forma y fondo”, expuso el diputado Biagio Pilieri, quien abrió el debate y presentó el proyecto según el diario El Nacional.
En el artículo 20 de la ley se establece una pena de 10 a 20 años de cárcel a “quien públicamente (…) fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas”. Es decir, con esto se abre la posibilidad de que sean evaluados por los parámetros de esta ley la opinión expresada “mediante cualquier medio apto para su difusión pública” y formas de expresión como los comentarios en las redes sociales, que podrían convertirse en delitos.
La Asamblea Nacional también considera que la ley establece restricciones a la libertad personal, promueve la autocensura y la censura por parte de los órganos del Estado. “suprimiendo los pocos espacios con que cuenta el ciudadano para debatir los asuntos de interés colectivo e inhibiendo la posibilidad de formular denuncias de cualquier naturaleza”.
Con información de: El Nacional
