La Misión internacional independiente de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela exigió este lunes al régimen de Nicolás Maduro que «detenga inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país» desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio, e investigue a fondo la «avalancha de graves violaciones a los derechos humanos» que están ocurriendo.
En un comunicado contundente, la Misión denunció que, tras las protestas que estallaron en respuesta a los resultados electorales, se ha desatado una «feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado».
En este contexto, la Misión ha registrado al menos 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto. De estas muertes, 18 víctimas eran hombres menores de 30 años.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, subrayó la necesidad de investigar exhaustivamente estas muertes, afirmando que:
"De confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas".
Valiñas enfatizó que "las víctimas y sus familiares deben obtener justicia".
Además, la Misión denunció que el fiscal general del régimen ha calificado de manera indiscriminada a más de 2.200 personas detenidas como “terroristas”.
La Misión de la ONU explicó que ha identificado elementos comunes en estas detenciones, que las convierten en «arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso«, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia.
Entre estos elementos se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; y los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.
Patricia Tappatá, experta de la Misión, declaró: “Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato. Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares”.
Entre los detenidos se encuentran dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas, así como defensoras y defensores de derechos humanos, considerados o percibidos como opositores por las autoridades.
La gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por el régimen. Muchas de estas detenciones ocurrieron después de que las personas participaron en protestas o expresaron sus opiniones en redes sociales, cuando las autoridades las buscaron selectivamente en sus hogares.
La Misión ha recibido «información especialmente preocupante» sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, que han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas. Además, los menores no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales.
Francisco Cox, experto de la Misión, señaló:
“La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”.
La situación en Venezuela sigue siendo crítica, y la comunidad internacional observa con atención las acciones del régimen de Maduro y las respuestas de la Misión de la ONU, que continúa su labor de monitoreo y denuncia ante la grave crisis de derechos humanos
