Los corchos de champán están estallando en los áticos desde Moscú a Caracas esta noche. Los oligarcas quizá puedan recuperar por fin sus yates, y los cleptócratas de todo el mundo actualizan sus búsquedas en Zillow de propiedades frente al mar en Miami.
Por Bradley Hope | Traducción El Político
¿Por qué? Nuestras fuentes dicen que justo después de las 7:30 p.m. en Washington, D.C., ayer, la recién nombrada Fiscal General de Trump, Pam Bondi, envió un correo electrónico anunciando el cierre inmediato de la Iniciativa de Cleptocracia del Departamento de Justicia y su grupo de trabajo asociado – la misma unidad responsable de hacerle la vida difícil a los contadores más creativos del mundo y a sus clientes con conexiones políticas.
Bajo el radar, sin embargo, hay un acontecimiento aún más alarmante. Las fuentes afirman que uno de los objetivos clave de este movimiento repentino es hacerse con el control de lo que se cree que es un fondo multimillonario de confiscaciones bajo control del Departamento de Justicia. Este fondo, utilizado históricamente para devolver activos robados a los países víctimas, se redirigirá ahora a lo que el memorando de Bondi describe crípticamente como «otros» fines policiales.
Múltiples fuentes familiarizadas con el asunto afirman que se trata de un código para financiar nuevos centros de detención en Guantánamo y Texas. Nada dice «América primero» como utilizar el dinero recuperado de la corrupción extranjera para construir centros de detención nacionales.
Las implicaciones son asombrosas. Desde su puesta en marcha en 2010, la Kleptocracy Initiative ha recuperado miles de millones en activos robados, desde los 458 millones de dólares del dictador nigeriano Sani Abacha hasta las recuperaciones récord en el escándalo 1MDB. El trabajo de la unidad fue fundamental en el mayor caso de corrupción de la historia: el saqueo de 4.500 millones de dólares del fondo 1MDB de Malasia, donde el dinero destinado al desarrollo se utilizó para comprar de todo, desde cuadros de Van Gogh hasta financiar «El lobo de Wall Street» (porque, al parecer, el blanqueo de dinero habitual no era lo suficientemente meta).
Ningún otro país del mundo -ni de lejos- tiene las agallas, la financiación y las agallas para ocuparse de casos de corrupción internacional. Alguien me dijo una vez que la National Crime Agency del Reino Unido tiene un presupuesto anual de un millón de libras para perseguir casos de corrupción internacional. Una de las cosas que hace al DOJ tan formidable es su capacidad para construir casos sobre delincuentes que utilizan dólares estadounidenses o envían sus datos a través de Estados Unidos.
Para quienes hayan visto antes cómo se desmoronaban los esfuerzos anticorrupción, este momento les resultará inquietantemente familiar. Citaré uno de los casos más importantes del Departamento de Justicia: 1MDB.
En julio de 2015, el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak, aplicó una estrategia similar cuando la investigación sobre el 1MDB se cerró sobre él. En 48 horas, destituyó al fiscal general Abdul Gani Patail (que estaba investigando 681 millones de dólares en cuentas personales de Najib), despidió a su viceprimer ministro por criticar el escándalo y neutralizó de hecho a la Comisión Anticorrupción de Malasia mediante traslados e intimidaciones.
La disolución de Trump y Bondi crea un caos práctico inmediato. Los fiscales que llevan casos activos de cleptocracia han quedado en el limbo: ¿simplemente abandonan sus casos? Si un delincuente corrupto extranjero entrara hoy en Estados Unidos, ¿simplemente saldría libre? (Preguntan varios suscriptores oligarcas).
