El diputado Juan Requesens fue presentado este lunes ante los tribunales para ser acusado de siete delitos, entre ellos traición a la patria y homicidio calificado, por el atentado contra Nicolás Maduro del sábado 4 de agosto. Además, le confiscó los bienes y congeló sus cuentas bancarias. El político opositor se declaró inocente de los cargos y seguirá su proceso judicial recluido en la cárcel política del Helicoide.
El País
Las autoridades acusaron a Requesens de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, posesión de armas y municiones, instigación pública y dos cargos por homicidio calificado, uno en contra de Maduro y otro por quienes lo acompañaban en la tribuna presidencial durante un desfile militar cuando explotaron dos drones. Los fiscales tienen 45 días para sustentar las acusaciones e iniciar el juicio o sobreseer la causa.
El régimen venezolano afrontará el juicio sin su prueba principal, el video autoinculpatorio donde Juan Requesens declara haber gestionado por solicitud del parlamentario Julio Borges la entrada a Colombia de uno de los implicados en el magnicidio. La grabación, hecha pública por Maduro, ha sido severamente cuestionada por la familia y la defensa del diputado opositor, quienes acudirán a la justicia internacional para denunciar las irregularidades en el proceso, entre ellas la detención sin orden judicial y violando la inmunidad parlamentaria.
#Ahora Jorge Rodríguez presenta vídeo dónde el diputado @JuanRequesens “confiesa” que @JulioBorges lo habría contactado para pasar a una persona de Colombia a Venezuela #10ago caso de presunto atentado contra Maduro pic.twitter.com/uJ4uFBSHus
— Mildred Manrique (@milmanrique) August 10, 2018
“Juan no recuerda tal video, ni las personas que menciona en el video. Se entera de eso cuando pudimos hablar y le digo que tenían esa declaración como prueba”, contó Joel García, el abogado del acusado. Con estas palabras adquiere peso la tesis que afirma que el diputado fue drogado durante la declaración en la que se autoincrimina. García reconoce que esto es difícil de sustentar pese a que el fiscal chavista Tarek William Saab, autorizó la realización de pruebas toxicológicas.
La exclusión del video autoinculpatorio en el expediente es uno de los primeros reclamos que García hizo al Tribunal 1 de Control en Terrorismo que juzgará a Requesens. “El Ejecutivo mostró a Venezuela y al mundo la autoincriminación del diputado, si esa es la prueba que tiene ¿por qué no incorporan el video al expediente? Exigimos una explicación de esto y sobre cómo fue que se autorizó al Presidente a difundirlo pues no existe posibilidad de que un tribunal o la Fiscalía autorice a un tercero a difundir el testimonio de una investigación”, consideró García.
Un segundo video mostraba a Requesens con unos calzoncillos manchados de heces. Las imágenes fueron filtradas desde el Sebin, según recuerda el acusado. “Él dice que unos funcionarios le dijeron que se pusiera esa ropa en ese estado, y le tomaron ese video para burlarse de él”, afirma García. El fiscal Saab ha dicho que el video trataba de una evaluación forense que estaban haciendo al detenido los médicos del servicio de inteligencia, a quienes dijo que investigaría por la filtración.
ÚLTIMA HORA | ATENCIÓN .
Funcionarios del SEBIN del régimen de Maduro me hacen llegar estas imágenes del diputado Juan Requesens dentro del SEBIN.
Indignación entre funcionarios de como trataron al diputado Requesens.
Fue drogado y amenazado.
RT!! pic.twitter.com/AP8SAxuKt6— AlbertoNews (@AlbertoRodNews) August 10, 2018
García ve un patrón en la actuación del Gobierno a través del sistema judicial. La siembra de pruebas y el uso de videos de supuestas confesiones son usados para difundir versiones de los hechos que no corresponden con los expedientes. Entre lunes y martes también fueron presentados otros seis detenidos implicados en el caso. La causa de estos fue separada del expediente de Requesens, lo que es otra irregularidad.
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El abogado defendió el año pasado a los hermanos Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez, militantes de Primero Justicia, acusados de los destrozos causados a una sede del Supremo durante las protestas antigubernamentales de 2017. En cadena nacional también se presentaron grabaciones confesando su supuesta participación en los hechos e incriminando a dirigentes de peso de la oposición. “En ese caso tampoco incluyeron el video en el expediente. También estuve en la causa de Leopoldo López, en la que el gobierno insistió en acusarlo de asesinato por las muertes durante las protestas de 2014 y en el expediente la imputación era por incendio y daños graves”.
Fuente: El País
