La Administración Trump ha dado un nuevo paso en su campaña contra las llamadas “ciudades santuario” al publicar una lista de más de 500 jurisdicciones —incluyendo ciudades, condados y estados— que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), están obstruyendo la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Esta medida se enmarca en una orden ejecutiva firmada el 28 de abril de 2025, que instruye al DHS y al Departamento de Justicia a identificar y hacer pública una lista de jurisdicciones consideradas no cooperativas con las autoridades federales de inmigración.
¿Qué implica la notificación formal?
Cada una de las jurisdicciones incluidas en la lista recibirá una notificación formal de su supuesto incumplimiento de las leyes federales de inmigración.
El DHS exige que estas jurisdicciones revisen y modifiquen de inmediato sus políticas para alinearse con la legislación federal, advirtiendo que, de no hacerlo, podrían enfrentar la pérdida de fondos federales e incluso acciones legales.
“Estas políticas de ciudad santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a criminales violentos ilegales,” declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem.
¿Cómo se determinó la lista?
La lista se elaboró considerando varios factores:
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Si la ciudad, condado o estado se ha autodeclarado “santuario”.
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El grado de cooperación con las autoridades federales de inmigración.
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Restricciones en el intercambio de información con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
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Existencia de protecciones legales para personas en situación migratoria irregular.
La definición de “ciudad santuario” no es uniforme, pero en general se refiere a lugares donde las autoridades locales limitan la cooperación con ICE, por ejemplo, al no cumplir con detenciones solicitadas por inmigración o al restringir el intercambio de información sobre el estatus migratorio de los residentes.
Las jurisdicciones notificadas podrían perder acceso a miles de millones de dólares en fondos federales, especialmente en áreas como justicia, seguridad pública y servicios sociales. La administración también ha amenazado con acciones legales si no se alinean con la política federal.
Sin embargo, la legalidad de estos recortes ha sido cuestionada en tribunales. En el pasado, varios jueces han fallado en contra de intentos federales de condicionar fondos a la cooperación con ICE, argumentando que el gobierno federal no puede obligar a estados y ciudades a participar activamente en la aplicación de leyes migratorias.
Reacciones y contexto
Líderes locales y defensores de derechos civiles han calificado la medida como un intento de intimidar a las comunidades y de debilitar la autonomía local. Argumentan que las políticas santuario buscan fortalecer la confianza entre inmigrantes y autoridades locales, y que no existe una obligación federal de que los gobiernos locales colaboren activamente con ICE.
Por su parte, la administración Trump sostiene que estas políticas ponen en peligro la seguridad nacional y la vida de los estadounidenses, acusando a las jurisdicciones de “insurrección” contra la supremacía de la ley federal.
