A partir del 1 de enero comenzó a regir una nueva restricción al tráfico en toda la ciudad de Madrid, incluyendo las áreas externas a la autopista M-30. España cuenta con uno de los parques automovilísticos más envejecidos de la Unión Europea, con una antigüedad promedio de 14 años.
El político
Los vehículos diésel ligeros y furgonetas matriculados antes de 2006, o los de gasolina anteriores a 2000, pertenecientes a las categorías de utilización no especificadas, ya no podrán circular por la M-30 ni acceder al centro de la ciudad a partir de 2023. Los automóviles autorizados recibirán una "etiqueta medioambiental" de acuerdo con las nuevas normativas implementadas desde el 1 de enero.
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid entró en vigor con un periodo de aviso de seis meses que finaliza el 30 de junio. El objetivo es “informar a los ciudadanos” sobre la prohibición de acceso y circulación fuera de la zona delimitada por la M-30. Las cámaras de control finalizan el periodo de aviso el 14 de enero, y a partir del 15 de enero se sancionarán los vehículos capturados.
Si bien es cierto que las acciones individuales y colectivas tienen un impacto en el medio ambiente, es importante reconocer que las grandes corporaciones desempeñan un papel fundamental en esta problemática.
Las grandes corporaciones, manejadas por los mismos líderes que pretenden culpar a las personas inocentes de la situación actual del clima, tienen una influencia significativa en esta crisis. Estas empresas son responsables de la emisión masiva de gases de efecto invernadero, la deforestación, la contaminación del agua y otros impactos ambientales negativos.
¿A quién afecta esta nueva restricción?
La penalización a los vehículos más antiguos tiene un impacto desfavorable principalmente en los ciudadanos españoles que cuentan con menos recursos económicos. Esto se debe a que, al mismo tiempo, genera a la ciudad de Madrid un flujo constante de ingresos provenientes de multas.
Es importante destacar que esta medida de penalización afecta de manera desproporcionada a aquellos ciudadanos que no pueden permitirse adquirir vehículos más modernos. Estas personas se ven obligadas a seguir utilizando vehículos más antiguos, que no cumplen con los “estándares medioambientales” establecidos.
En Madrid, los vehículos sin etiqueta medioambiental reciben multas de 200 euros por acceder a zonas restringidas. Hasta ahora, se han sancionado alrededor de 2.000 automóviles diarios. Se espera que la nueva Zona de Bajas Emisiones (LEZ) aumente las multas en 700 vehículos más por día. Para garantizar el cumplimiento, se han instalado 500 cámaras que leen matrículas y etiquetas de emisiones, financiadas por la Unión Europea.
Esto ha llevado a que alrededor del 27% de los 25 millones de vehículos de pasajeros de España corran el riesgo de ser multados por este plan, afectando principalmente a los grupos de menores ingresos.
Desde 2010 hasta 2021, la ciudad capital española ha excedido los niveles de dióxido de nitrógeno en el aire establecidos por la Directiva Europea de Calidad del Aire. Debido a un fallo del Tribunal de Justicia Europeo en 2019, la ciudad se vio obligada a implementar acciones drásticas. No obstante, es importante considerar que estas medidas podrían tener impactos negativos en determinados grupos de la población. Por lo tanto, es importante revisión y mejora del enfoque adoptado.
