Está generalizada en el mundo, aunque más de 150 países han ratificado la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura.
El Político
La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. Está absolutamente prohibida en todos los instrumentos internacionales y no puede justificarse en ninguna circunstancia.
Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aún si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente.
Hoy es el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de este sistema y a la aplicación efectiva de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que entró en vigor el 26 de junio de 1987.
La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad.
¿Qué es la tortura?
Según la Organización de las Naciones Unidas “Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión; de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. La ONU desde sus comienzos ha condenado su práctica por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes.
Tortura: un crimen de lesa humanidad
La tortura destruye la personalidad de la víctima y desprecia la dignidad intrínseca de todo ser humano. A pesar de la prohibición absoluta de la tortura según el derecho internacional, la tortura persiste en todas las regiones del mundo.
Las preocupaciones sobre la protección de la seguridad nacional y las fronteras se utilizan cada vez más para permitir la tortura y otras formas de trato cruel, degradante e inhumano. Sus consecuencias generalizadas a menudo van más allá del acto aislado sobre un individuo, ya que puede transmitirse de generación en generación y conducir a ciclos de violencia.
El 26 de junio es una oportunidad para pedir a todos los interesados, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, la sociedad civil y los particulares, que se unan en apoyo de los cientos de miles de personas que en el mundo entero han sido víctimas de torturas o que todavía hoy son torturadas.
“Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura”, expresa António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.
La tortura: una crisis global
Según Amnistía Internacional (AI), “Estamos asistiendo a una crisis global en materia de tortura”.
Palizas, violaciones, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, quemaduras, largos períodos en posturas dolorosas. Estos son algunos de los métodos usados en muchos lugares del mundo para lograr confesiones, obtener información, silenciar a la disidencia o amedrentar a las víctimas.
Aunque más de 150 países han ratificado la Convención contra la Tortura, se sigue torturando. Amnistía Internacional en los últimos cinco años ha denunciado la tortura en 141 países: casi tres de cada cuatro países del mundo.
“Amnistía Internacional lleva decenios poniendo en evidencia a los gobiernos que torturan y prestando apoyo a sobrevivientes de tortura para que se les haga justicia. Actualmente, casi todos los países tienen leyes contra la tortura”.
“Sin embargo, no hay más que echar un vistazo a las noticias para darse cuenta de que sólo con las leyes no es suficiente. La tortura prolifera porque muchos gobiernos, en lugar de respetar la ley, emplean activamente esta práctica o hacen la vista gorda”.
“En países como Filipinas y México, la tortura es una práctica generalizada y habitual en las comisarías de policía. En Marruecos y Sáhara Occidental y Uzbekistán los tribunales a menudo se basan en confesiones que las personas acusadas han hecho mientras las torturaban. Y en Nigeria, las palizas y los simulacros de ejecución son sólo algunos de los métodos de tortura a los que las personas deben enfrentarse cuando están detenidas”, denuncia AI.
¿Por qué abolir la tortura?
El uso de la tortura y otros malos tratos destruye a las personas, corroe el Estado de derecho, menoscaba el sistema de justicia penal y erosiona la confianza de la población en las instituciones públicas y el Estado al que representan.
Causa a las víctimas dolor y sufrimiento grave que continúa mucho después de cesar los actos de tortura. Y no funciona porque la información obtenida de este modo no es fiable porque una persona dirá cualquier cosa bajo tortura sólo para que el dolor cese. Dirá lo que sus torturadores quieren oír.
Los Estados disponen de una enorme variedad de maneras de reunir información sobre delitos, tanto pasados como proyectados, sin perder su humanidad. La tortura es un instrumento primitivo y contundente para obtener información.
Con arreglo al derecho internacional, las confesiones obtenidas mediante tortura no son admisibles como prueba.
En términos jurídicos, la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos no admite excepciones, lo cual significa que su cumplimiento no se puede relajar ni siquiera en situaciones de emergencia.
Para recuperarse de la tortura se requieren programas especializados de rápida actuación. El trabajo de los centros de rehabilitación y de las organizaciones especializadas de todo el mundo han demostrado que las víctimas pueden hacer la transición desde el horror a la curación.
Los instrumentos de tortura
Nadie debe aprovecharse del dolor. Pero desde porras con púas hasta chalecos para aplicar descargas eléctricas, esposas para pulgares y grilletes, se sigue comerciando con “instrumentos de tortura” en todo el mundo. Las empresas también siguen vendiendo material ordinario para hacer cumplir la ley, como esposas normales, porras y pulverizadores de pimienta, a fuerzas de seguridad que lo usan indebidamente en actos de tortura.
En 2006, años de campaña de Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega condujeron a la adopción por la Unión Europea de la primera regulación jurídicamente vinculante del mundo para controlar el comercio de “instrumentos de tortura”.
Ahora hacen campaña por una regulación internacional equiparable que prohíba la fabricación y venta de material abusivo y regule el comercio de artículos que puedan utilizarse indebidamente. Es hora de que la comunidad internacional tome medidas para controlar este comercio vergonzoso.
Antecedentes históricos contra la tortura
En 1948 la comunidad internacional condenó la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En 1975, en respuesta a las campañas organizadas por diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En los años 80 y 90 del siglo pasado se lograron avances en el desarrollo de leyes e instrumentos jurídicos y se impuso la prohibición de la tortura. En 1981 se creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, para financiar a las organizaciones que prestan asistencia a las víctimas de tortura y a sus familias.
En 1984 se aprobó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en 1987. Se creó un comité de expertos, llamado Comité contra la Tortura para vigilar la aplicación de esta Convención.
La Comisión de Derechos Humanos nombró en 1985 al primer Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, un experto independiente al que se le encomendó la misión de informar sobre la situación de la tortura en el mundo. Se aprobaron además varias resoluciones en las que se establecían principios generales para el trato de los reclusos y detenidos y se destacaba la importancia que podía tener el personal de atención de la salud en la protección de los presos y detenidos contra la tortura.
Por fin en diciembre de 1997 de proclamó el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
El uso de la tortura todavía está generalizado
Miles de víctimas y sus familias necesitan de la asistencia especializada que a menudo los Estados no llegan a proporcionarles. El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura colma esta brecha mediante la asistencia financiera a organizaciones que, a su vez, proporcionan ayuda directa médica, psicológica, humanitaria, social y jurídica a las víctimas y sus familias.
Es el fondo más antiguo en el ámbito de los derechos humanos.
(Con información de Amnistía Internacional; Organización de las Naciones Unidas)
