Los países de la Unión Europea (UE) dieron hoy luz verde a un sistema de autorización de viaje para controlar la entrada al territorio europeo de ciudadanos de terceros países no sujetos a visado, con el objetivo, sobre todo, de detectar a sospechosos de terrorismo y a inmigrantes irregulares.
Los ministros de Interior de la UE aprobaron hoy el llamado "Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes" ("ETIAS", por sus siglas en inglés), que obligará a tramitar por internet una autorización de entrada, que costará cinco euros y tendrá una validez de cinco años.
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El nuevo régimen se aplicará a los ciudadanos de alrededor de medio centenar de países con los que la UE tiene acuerdos que permiten viajar al espacio europeo Schengen sin tener que pedir visado, entre los que figuran Estados Unidos, Canadá y Australia, Andorra, Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile o Perú.
Esta medida la propuso la Comisión Europea (CE) el pasado noviembre, tras los atentados terroristas de París en 2015 y Bruselas en 2016, y a raíz de la crisis migratoria.
"Estamos deseando comenzar las conversaciones con el Parlamento Europeo", para la aprobación definitiva del sistema, dijo en la reunión el titular de Malta, país que preside la Unión este semestre.
El nuevo titular galo de Interior, Gérard Collomb, destacó por su parte que este instrumento "es una medida concreta que ayudará en la seguridad y podrá evitar atentados en el futuro".
La información que faciliten los interesados en viajar a la UE será comprobada y cotejada con distintas bases de datos europeas, como la de la Oficina Europea de Policía (Europol) o la de Interpol, y el permiso se concederá automáticamente cuando no se encuentren elementos que justifiquen un mayor análisis.
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Según la CE en la mayoría de los casos la autorización se concederá en pocos minutos.
El mecanismo, similar a la autorización "ESTA" que aplica Estados Unidos, posibilita negar la entrada al viajero, lo que según Bruselas solo ocurrirá en el 1 ó 2 % de los casos.
La CE no cree, sin embargo, posible su aplicación antes de 2020 debido, fundamentalmente, a la complicación que supone hacer operativas entre sí las bases de datos que se tendrán que consultar para dar los permisos, según fuentes europeas.
Con información de EFE
