La enorme desigualdad económica y social, además de la precariedad que afecta a muchas familias chilenas desembocó en un estallido social urbano, en Santiago, el cual sin duda está acompañado por poblaciones mas pobres y lejanas, y no tan estructuradas políticamente.
El Político
De ser un ejemplo de estabilidad, Chile ha pasado a ser en solo un par de días un foco más de crisis en la región. la virulencia de la protesta estallidos de violencia y que ya han cobrado vidas. y la incapacidad del Gobierno para reaccionar a los peores disturbios que recuerde Chile desde el retorno de la democracia dificultan predecir hacia dónde se dirige este país sureño.
Para algunos es evidente que Piñera tendrá que renunciar, algunos dicen que es un triunfo de la izquierda, otros que se acuna un nuevo dictador al estilo Pinochet, pero lo que nadie duda es que la crisis es mas profunda y compleja de lo que afirmaban los indicadores económicos.
La decisión oficial de dejar sin efecto el alza de pasajes del Metro –detonante directo de la protesta- se produjo demasiado tarde para frenar las manifestaciones de descontento, que van mucho más allá.
Según declaran los jóvenes protagonistas de las revueltas, las autoridades no entienden realmente lo que está pasando.
El estado de emergencia y el toque de queda no asustan a los manifestantes desafían la prohibición de salir a la calle tras determinada hora y no dan muestras de amilanarse. Los jóvenes que no vivieron la dictadura no tiene la inquietante sensación que produce en los mayores ver a un general a cargo del resguardo del orden.
Chile pide reformas de fondo
No se vislumbra un cauce político que se haga cargo de este malestar transformado en rebelión. Las reformas de fondo en el sistema de salud, de educación o de pensiones están pendientes desde hace años. Los cacerolazos, ni las manifestaciones, ni las huelgas pueden generar esas transformaciones, pero sí han logrado evidencia un drama que crecía en subterráneo.
El presidente Sebastián Piñera se reunió este domingo con los líderes del Parlamento y de la Corte Suprema con el fin de "reordenar prioridades" y contener el estallido social.
En un discurso en 2018, el presidente Piñera aseguró que "más de tres cuartas partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello".
"Ninguno de los seguros de salud está cumpliendo a cabalidad su objetivo y existen deficiencias importantes que subsanar", agregó.
Los legítimos representantes de la ciudadanía, elegidos en las urnas, pueden y deben dar cuerpo a la voluntad popular a este nivel. Esta es la vía que busca Piñera: lograr un consenso con el parlamento y las universidades.
Las prioridades
El sistema de pensiones
"El 80% de las personas en Chile recibe pensiones que son menores al sueldo mínimo. Creado en 1982, durante el gobierno militar liderado por Augusto Pinochet—, ha sido fuertemente criticado por diversos actores sociales y también defendido por otros.
Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación. En los últimos años ha habido diversas protestas en contra de las administradoras de fondo de las pensiones
Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Se ha dicho que el modelo no es capaz de entregar "pensiones dignas", y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso.
El propio presidente Piñera, durante su primer mandato en 2013, dijo: "Cuando se diseñó este sistema de pensiones, lo que se buscaba era que las personas pudieran jubilar con una pensión que fuera el 70% del sueldo de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo".
Una de las agrupaciones que ha liderado estos reclamos se llama "No+AFP". Para ellos, las administradoras de pensiones en Chile "son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro país". "(Utilizan) los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos", dicen.
La presidenta de la fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, explica que los reclamos tienen que ver con que "las personas en este país pueden trabajar toda su vida, cotizar toda su vida, y recibir una miseria".
"En este país, la política redistributiva no logra romper con la desigualdad. Y con este sistema tributario, el cálculo que hacen varios economistas es que al final terminan pagando menos, y no más, las personas más ricas", explica De la Fuente.
Salud y desprotección
El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).
Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las personas afiliadas a FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%.
Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes.
Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.
Transporte
La red de transporte "transantiago" (hoy renombrado como Red Metropolitana de Movilidad) se creó hace 12 añoscon la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales. Sin embargo, hoy representa uno de los mayores problemas que enfrenta la capital de Chile, Santiago.
Y lo cierto es que, desde su creación, este modelo de transporte nunca ha dejado de recibir críticas.
Durante su primer mes de circulación en febrero de 2007 el caos fue total, con graves problemas en cuanto a la instalación de validadores y un error en la programación de estos, lo que obligó a que el sistema fuera gratuito durante su primera semana de operación.
Desde sus inicios en 2007, el "transantiago" experimentó problemas de planificación, diseño e implementación.
En definitiva, el "transantiago" tenía problemas de planificación, diseño e implementación, generando un colapso total del transporte público.
Y las culpas políticas de un lado a otro entre los gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet —que puso en marcha el plan—, y el de Ricardo Lagos —que lo creó— no cesaron.
A pesar de varias reestructuraciones, reasignación de recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión a lo largo de estos 12 años, la red de transporte no ha logrado responder de manera eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad.
El gobierno chileno declara el estado de emergencia en Santiago por las protestas por el alza del precio del metro
Largas esperas para abordar buses y el metro, sumado a demoras en los viajes, forman parte de los problemas a los que se enfrenta buena parte de la población.
Y, aún así, su precio es caro: según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.
Hoy, el sistema sigue generando déficit (3.000 millones de pesos en 2018) y sus índices de evasión continúan siendo altos: en el segundo trimestre de este año, el porcentaje de evasión fue de un 25,7%.
Esto explica, en parte, por qué hubo tanto descontento social cuando la administración de Piñera decidió aumentar la tarifa en 30 pesos.
El agua
Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre varios chilenos es el Código de Aguas.
El modelo de gestión —que fue establecido en 1981— genera polémica en el país sudamericano pues sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua como un bien nacional de uso público, establece que los particulares (o privados) puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo.
Además, se alega que es un sistema "absolutamente privado".
Rodrigo Mundaca, líder del Movimiento de Defensa del Agua la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), ha insistido en el cambio de esta regulación y ha señalado públicamente que en Chile no hay sequía sino "saqueo".
Para él, los privados hacen un "aprovechamiento" del agua de tal forma que termina por desabastecer al resto de la población.
"Chile es el único país del mundo que mantiene privatizadas sus fuentes de agua desde la dictadura", dice. El activista agrega que "aquí los empresarios pueden comprar, vender o arrendar agua".
Para Mundaca, por ejemplo, la única forma de solucionar este problema es hacer una reforma a la Constitución Política, derogando el artículo 19 numeral 24, que es el que consagra la propiedad privada.
Educación y la movilidad social
La demanda por una mejor educación explotó en 2006 con la famosa "revolución pingüina", cuando estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir mejoras en esta materia.
Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a hacer cambios de fondo al respecto.
Y aunque este petitorio está hoy pasando por un momento de poco protagonismo —en parte gracias a que se logró la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena—, la verdad es que expertos coinciden en que aún hay mucho por mejorar en cuanto a la educación en el país.
"Cuando la gente accede a la educación superior, lo hace desde un sistema que ya viene haciendo una selección previa. La educación básica y media en Chile son espacios de segregación también porque si puedes pagar por una educación básica de calidad, entonces vas a poder acceder a una educación universitaria de buena calidad que te garantiza movilidad social", explica De la Fuente.
De esta manera, la educación sigue siendo, para muchos, una piedra de tope para avanzar hacia una mejor calidad de vida.
Corrupción
La evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han apoderado de la portada de los diarios chilenos en los últimos años.
"Los abusos están en el medio de este malestar de la gente", dice Gloria de la Fuente.
Según una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, tres grandes cadenas —Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand— se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas.
Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde dos grandes empresas que controlaban la industria —Papeles Industriales (PISA) y CMPC Tissue— se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas.
La lista de corrupción siguió en 2018 con el Ejército de Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos públicos. Poco tiempo después salió a la luz un fraude en Carabineros, la fuerza policial chilena.
Los empresarios, la clase política, el ejército y Carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente cuestionadas en Chile en un período de tiempo no demasiado grande.Y como es de esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente.
Todos contra todos
"Estamos en una fase de descrédito acelerada de la política y de las instituciones en general. Y cuando tú tienes un problema de confianza en las instituciones, finalmente lo que incubas es un problema de legitimidad de aquellos que te gobiernan. Eso es lo que nosotros no fuimos capaces de solucionar a tiempo, como país", explica Gloria de la Fuente.
Tanto la izquierda como sectores de derecha se han subido a un discurso que genera ruptura. Se busca deslegitimizar a las instituciones y creo que eso se ha logrado con fuerza".
Sea como fuere, tras los días más violentos desde el retorno a la democracia en Chile, la sensación es amarga. Y, mientras no se aborden parte de estas "deudas sociales",
