La repetición de las elecciones españolas va a obligar al gobierno a aprobar una ampliación de crédito para poder pagar los gastos de la maquinaria electoral, con un presupuesto inicial que supera los 154 millones de dólares.
El Político
Serán ocho días de campaña y 37 de precampaña y para este proceso, el gobierno tendrá que aprobar una ampliación de crédito en el que no se incluye las subvenciones a partidos políticos
Esta cifra, sumada a los gastos generados en las cuatro elecciones generales celebradas entre 2015 y2019, hace un total de 594 millones desembolsados por los contribuyentes españoles.
El procedimiento es el mismo que el realizado en abril, porque tampoco aquellas elecciones estaban previstas. El Consejo de Ministros aprobó en marzo una ampliación de crédito por 148,45 millones de dólares con cargo al Fondo de Contingencia, el cual sirve para pagar necesidades imprevistas y que no se pueden aplazar.
En esta ocasión el presupuesto inicial es el mismo que el de las generales de abril, unos 150 millones de dólares, según han confirmado en el Ministerio del Interior, encargado de la organización.
Con ello se paga desde el trabajo de Correos para hacer llegar el voto a distancia y la propaganda hasta la impresión de papeletas y sobres y el despliegue de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Fuera de este gasto quedan las subvenciones a los partidos políticos para los gastos electorales, que no se incluyen en este presupuesto. El gobierno deberá aprobar también un decreto fijando las cantidades.
Los gastos que originen las actividades electorales se reducirán, en función de los votos y escaños obtenidos por cada candidatura, en un 30%. De su lado, el límite de los gastos electorales se reducirá en un 50%.
Sin embargo, la repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre permitirá estrenar una reforma legislativa acordada por los partidos en 2016 por la que se reducen estas subvenciones a la mitad así como se acortan los plazos del procedimiento electoral, con una campaña de 8 días y a una precampaña de 37 días.
Estreno de la reforma de la ley electoral
La repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre permitirá estrenar una reforma legislativa acordada por los partidos en 2016, mediante la cual se acortan los plazos del procedimiento electoral, bajando de 54 a 47 días, y reduce la campaña y las subvenciones a la mitad.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), se reformó en 2016 para incluir el supuesto de repetición electoral, cuando el ex presidente Mariano Rajoy fracasó en su intento de conseguir su investidura y los partidos quisieron evitar que unas nuevas elecciones generales se celebraran el 25 de diciembre, día de Navidad.
Esa reforma incluyó la reducción de 54 a 47 días el periodo de tiempo que ha de transcurrir desde la convocatoria de los comicios hasta su celebración. De este modo, con el nuevo plazo, teniendo en cuenta que el reloj empieza a contar el 25 de septiembre, los comicios se celebrarán el 10 de noviembre.
Otro cambio fue la reducción de la campaña electoral de 15 a 8 días, de forma que los partidos políticos reduzcan los gastos de una cita electoral a otra y que los contratos que ha de firmar el Ministerio del Interior para el desarrollo del proceso electoral se guíen por el proceso excepcional reservado para casos de emergencia.
Sin embargo, esta modificación legislativa no llegó a aplicarse entonces porque la abstención ‘in extremis’ de la mayor parte del PSOE posibilitó que Rajoy fuese investido sin necesidad de llamar a los ciudadanos por tercera vez a las urnas. Por tanto, esta será la primera vez que se aplique este calendario abreviado de campaña.
La investidura fallida del presidente de Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, el julio pasado, activó un periodo de tiempo de dos meses para aglutinar los apoyos suficientes que le permitieran seguir en La Moncloa, extremo que no ha conseguido.
El artículo 99 de la Constitución establece que "si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso".
Así pues, el 23 de julio, fecha de la primera votación de investidura, se puso en marcha el reloj que se parará el 23 de septiembre. Este artículo constitucional se coló en el debate de la investidura fallida de Sánchez, ya que en una de sus intervenciones lanzó una oferta de pacto de Estado para reformarlo con el objetivo de que "nunca más vuelva a ocurrir el bloqueo en nuestro país".
Tras las elecciones del 10 de noviembre se tendrán que constituir unas nuevas cortes generales y el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de los comicios. La fecha de esa constitución de la Cámara debe estar fijada en el decreto de convocatoria de las elecciones generales.
De acuerdo con este plazo de tiempo, las nuevas Cortes Generales resultantes tienen que estar constituidas antes del 6 de diciembre, día de la Constitución española.
180.000 ciudadanos trabajarán en las mesas
El trabajo de Correos consume el 40,6% del presupuesto total, 56,5 millones de euros, para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de la mesas electorales, los recursos, y la propaganda electoral, entre otros gastos.
Otro 14,5% del gasto presupuestado, 22 millones. se lo lleva lo que se denomina administración electoral: el costo de las juntas electorales, que son las encargadas de supervisar el proceso; y el de las mesas de votación, en las que trabajaron 180.114 personas en las elecciones de abril. Cada una de ellas cobra una dieta de 65 euros por la jornada y tiene derecho a una reducción de la jornada laboral al día siguiente.
También es importante el costo de las telecomunicaciones y la difusión del escrutinio, del que se encarga una empresa privada que también da apoyo informático a las juntas electorales e integra los resultados definitivos en la base de datos de los resultados electorales del Ministerio del Interior.
El presupuesto del gasto electoral incluye 14 millones de euros para la organización de los colegios electorales, los millones de papeletas y sobres, el montaje de mesas, urnas y cabinas de votación y el traslado de los electores que lo necesiten, una logística que se repite unas elecciones tras otras.
También se paga el despliegue policial, 15 millones presupuestados; de representantes de la administración, 8 millones; el costo de la Oficina del Censo Electoral, 6,3 millones, y la colaboración de los ayuntamientos, 8 millones de euros.
Igualmente, la distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación de titularidad pública se reducirá a la mitad del previsto en el baremo que se establece la LOREG.
Las agrupaciones de electores, los partidos, federaciones y coaliciones no lograron representación parlamentaria en las elecciones del 28 de abril no necesitarán recabar de nuevo las firmas que exige la ley.
Es decir, si lograron presentar los avales de al menos el 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que se presentaron en abril, esas firmas ya les valen para volver a presentar listas en noviembre.
Con información de El Mundo
