Mientras todas las empresas venezolanas están en la quiebra, desde PDVSA y CANTV hasta los hatos de carne y leche, Brasil ha dado un giro de 180 grados tras 13 años del Gobierno del Partido de los Trabajadores de Lula DaSilva y se acoge a la Escuela de Chicago que opta por un Estado pequeño que supervise al sector provado fuerte.
El Político
La apertura económica del país al exterior, la reducción del enorme déficit público y la lucha contra la criminalidad han acaparado la mayor parte de los esfuerzos de Bolsonaro.
De cumplirse las cifras proyectadas por Brasilia, no hay precedentes cercanos de una ola privatizadora de esta envergadura. Entre 1991 y 2001, el sector público transfirió el control de 119 empresas o participaciones en compañías.
Obtuvo 68.000 millones de dólares y redujo su deuda en 18.000 millones, según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), unos números que convertían a la operación en una de las mayores transferencias de activos públicos de la historia. “Ahí sí se vendieron las joyas de la corona: Vale, Petrobras, Siderbras…”
Mientras existen campañas multitudinarias contra el «capitalismo», el Gobierno de Brasil deslegitima los reclamos y apuesta por más libre mercado y menos Estado.
«El nuevo Brasil enfoca la privatización como una medida anti-corrupción que, además, genera rentas y empleo para la población», anunció Bolsonaro. El ‘zar’ económico del Gobierno, Paulo Guedes, acomete la mayor privatización de empresas y recursos públicos en la historia de Brasil
El proceso de ventas de acciones de las grandes empresas está en manos del ultraliberal Paulo Guedes, y del propio secretario general de Privatizaciones, Salim Mattar, una figura cuya mera existencia es una declaración de intenciones.
Dirigido por el presidente Bolsonaro, van con todo en un plan privatizador iniciado en tiempos de Michel Temer, pero que ha ganado fuerza con el nacional populista en el poder.
El secreto: la venta total o parcial de accciones
El objetivo autofijado de recaudar 20.000 millones de dólares (17.860 millones de euros) en 2019 a través de la venta, parcial o total, de paquetes accionariales en empresas o activos titularidad del Estado se ha quedado corto: hasta finales de septiembre, las autoridades brasileñas se habían desecho de participaciones en compañías por más de 19.000 millones, había licitado infraestructuras por 6.000 millones y subastado derechos de exploración de materias primas —sobre todo, petróleo— por 12.000 millones.
Aunque con más trabas de lo que le habría gustado a la nueva Administración, en el último trimestre del año —un periodo para el cual aún no hay datos disponibles— la cifra ha seguido engordando.
Las dos razones que avalan la decisión
El argumentario para la venta de los activos públicos que quedan en manos del Estado descansa en dos pilares. El primero, fiscal: hacen falta más ingresos para reequilibrar las cuentas públicas y aminorar una deuda que se acerca peligrosamente al 80% del PIB. El segundo, el que más pesa, puramente ideológico: Guedes, fiel a la doctrina de la Escuela de Chicago, está plenamente abonado a la idea de que el sector privado es, por definición, mejor gestor que el Estado y esgrime que la venta de activos públicos disminuirá la corrupción.
Las ansias privatizadoras, nacen, en boca del propio superministro de Economía, de la “disfuncionalidad” de las propias empresas públicas de la que culpabilizan al PT de Luiz Inácio Lula da Silva.
En el horizonte del mandatario ultraderechista emerge un objetivo: obtener más de 320.000 millones de dólares en privatizaciones y subastas de infraestructuras —de pozos petroleros a carreteras, aeropuertos y puertos— durante su mandato. Solo en el año recién estrenado, Mattar ha anunciado la voluntad del Gobierno de deshacerse de su participación en 120 empresas, un número que podría más que duplicarse de lograr el visto bueno del Senado —un extremo que no está nada claro, dada la controversia política y la resistencia social— para la venta de Electrobras y sus filiales.
Más allá del holding eléctrico estatal, Guedes y su equipo han dado un paso al frente para la venta del puerto de Santos —el mayor de América del Sur y el segundo más importante de América Latina— y de sus acciones en la firma de telecomunicaciones Telebras. Una lista de la que ya formaban parte el servicio postal (Correios) o la Casa de la Moneda y a la que se acaba de sumar el 21% del gigante cárnico JBS, aún en manos del Estado a través del banco de desarrollo BNDES y que saldrá al mercado aprovechando su buen momento bursátil, en pleno auge exportador a China.
Fiel a la Escuela de Chicago, cree que el sector privado es el mejor gestor
El movimiento con JBS se parece mucho al que el Gobierno quiere llevar a cabo con la petrolera Petrobras: seguir deshaciéndose poco a poco de su posición accionarial, aún superior al 42%. En paralelo, el Congreso ya ha movido ficha para facilitar la entrada de dinero privado en el sector de depuración de aguas en un país en el que casi la mitad de la población, unos 100 millones de personas, aún no tienen acceso a este servicio básico. Son las señas de identidad con las que Bolsonaro quiere presentarse ante los inversores a finales de enero en el Foro de Davos, donde tratará de explotar la imagen de un Brasil que ha dejado atrás los días de la recesión y redoblará los guiños a los inversores.
Un proceso complicado
“Sobre el papel se ve impresionante, pero la ejecución será muy difícil. Es una operación, sobre todo, de puertas afuera y conviene rebajar expectativas”, dice Aldo Musacchio, de la Universidad de Brandeis. “La experiencia nos demuestra que hay que tomarlo con un grano de sal”. En la misma línea, Lourdes Casanova, directora del Instituto de Mercados Emergentes de la Universidad de Cornell llama a la cautela y advierte de dos riesgos: la creación de monopolios privados, como ha sucedido en otros países latinoamericanos, y la debilitada capacidad negociadora de Brasil tras haberse autoimpuesto un objetivo concreto de privatizaciones. “Siempre hay que vender desde una posición fuerte. Cuando estás obligado y el comprador lo sabe, te presiona”.
La gente arruga la cara
La mayoría de brasileños quisiera un proceso mas lento y prudente, más de las dos terceras partes de los consultados en agosto por Datafolha se mostraba contrario al plan de privatizaciones. No envano llevan mas de una década escuchando la defensa socialisa desde el gobierno.
“Es cierto que el Gobierno ha logrado superar su objetivo de recaudación de este año, pero sobre todo por las concesiones, especialmente de petróleo y gas. La única opción de privatización total es Electrobras, para la que esperamos que logre la aprobación del Congreso en 2020 o 2021”, subraya Chris Garman, de Eurasia.
“En resumen: el progreso ha sido positivo, pero lejos de lo que Guedes prometió en campaña”. Algo más optimista se muestra Alberto Chong, profesor de Economía en la Georgia State University y autor de Privatizaciones en América Latina: mitos y realidades, que prevé “un aumento relativamente inmediato en la calidad de los servicios públicos de la mayoría de empresas privatizadas, una mejora palpable en la cobertura de los servicios” y, eso sí, “el despido de trabajadores de las ex compañías estatales”.
El gigante sudamericano tiene 418 empresas de titularidad pública, según la Fundación Getulio Vargas, uno de los mayores think tanks brasileños. Casi 140 de ellas están en manos del Gobierno central y un centenar, dentro del radar privatizador de Bolsonaro. Fiel a su estrategia de mano dura, su titular de Infraestructuras, Tarcísio Gomes de Freitas, ya ha dejado caer que en los casos en los que sea imposible vender se optará directamente por la liquidación. Todo sea por cumplir su misión: encoger al máximo el tamaño del Estado.
Suben acciones en la bolsa de valores
Ante el anuncio de la privatización, las acciones subieron 40 % en la bolsa
Cotiza en la bolsa de valores. Ante las expectativas de privatización, las acciones de Telebras subieron un 40 %. Mientras que bajo administración estatal, la compañía tuvo una pérdida de $55 millones de dólares en 2018.
Bolsonaro anunció que el proceso de privatización comenzará con la oficina de correos, aunque todavía no anunció la fecha de inicio del traspaso.
Sin embargo, privatizar el correo requiere aprobación del Congreso, dado que la compañía tiene el monopolio de los servicios postales y el correo aéreo nacional (servicio postal militar), totalmente garantizado por la Constitución.
Dentro del Gobierno hay propuestas para crear una suerte de híbrido, donde no sería completamente privado el servicio. Se forjarían alianzas con el sector privado en la que la estatal sería una minoría.
En todo caso, no se hace necesaria la aprobación de una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), lo que requeriría el apoyo de tres quintas partes de los parlamentarios en dos rondas de votación.
Desde la presidencia de Temer quedó pendiente privatizar la electricidad
Igual aplica a la compañía proveedora de electricidad, Eletrobras; la misma se encuentra en la lista, pero su privatización debe ser aprobada por el Congreso.
Ya en el Gobierno del expresidente Michel Temer, los parlamentarios habían enviado un proyecto de ley al Congreso sobre el tema, aún no ha sido votado. Ahora, la actual administración está considerando enviar otro proyecto de ley.
Privatización de los trenes
Las privatizaciones en el sector del transporte terrestre corresponderían a la Empresa Brasileña de Trenes Urbanos (CBTU), que presta servicio en las áreas metropolitanas de Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB) y Natal (RN). En este particular, el 21 de junio del 2018, después de la Junta General Extraordinaria, CBTU se volvió empresa pública. Este proceso se revertiría.
Igualmente se incluye en la lista de privatizaciones, la Empresa de Trenes Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb), del sur de Brasil, cuyos accionistas en un 99 % son del Gobierno Federal. Los trenes recorren 43,8 kilómetros en el eje norte de la Región Metropolitana de Porto Alegre, con 22 estaciones y una flota de 25 trenes (con otros 15 integrados) y atiende a seis municipios: Porto Alegre , Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Sao Leopoldo y Novo Hamburgo.
La jurisdicción marítima también se verá liberada
Por tierra y por mar la privatización promete llegar. La Compañía del Muelle del Espíritu Santo (Codesa), estará abierta a licitación. El Muelle del Espíritu Santo comprende un puerto con instalaciones públicas y arrendadas, que manejan varios tipos de carga, incluido el servicio a embarcaciones en alta mar.
Actualmente, el puerto recibe un flujo de 46 barcos diarios, tiene cinco anclados y otros once en el muelle. A su vez, la infraestructura portuaria local del Puerto de San Sebastián estaría a cargo de la empresa São Sebastião Docas.
Reducción en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento
Respecto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, el Gobierno propone aliviar el presupuesto al privatizar la Empresa de Almacenes y Almacenes Generales de São Paulo (CEAGESP), que es la mayor fuente de frutas, verduras, flores, pescado, tubérculos y huevos de América Latina.
Diariamente recibe un promedio de 50 mil personas y 12 mil vehículos. CEAGESP controla la red pública más grande del Estado, almacenes, silos (grandes almacenes en forma de cilindro para almacenar productos agrícolas) y graneleros (lugares que reciben o albergan productos a granel) de Sao Paulo.
En paralelo, se privatizarían los Centros de abastecimiento de Minas Gerais (Ceasaminas). Esta compañía gubernamental opera de forma mixta con el Gobierno federal, bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento.
Las compañías restantes oscilan entre el rubro de las telecomunicaciones e informática, hasta la lotería nacional: Emgea (Empresa de Gestión de Activos), ABGF (Agencia Brasileña de Fondos de Garantía y Gestión de Fondos de Garantía), Dataprev (Empresa de Información y Tecnología de la Seguridad Social), EBC (Empresa de Comunicación de Brasil), Ceitec (Centro de Excelencia en Tecnología Electrónica Avanzada) y Lotex (Lotería instantánea).
Por último y no por ello menos importante, es la Casa de la Moneda. Tiene la capacidad para producir aproximadamente 2,6 mil millones de billetes y cuatro mil millones de monedas por año.
Y no termina ahí, Bolsonaro anunció que antes del fin de su mandato privatizará la empresa estatal de petróleos Petrobras.
De modo que sigue una agenda frontal contra la intervención estatal y a favor de la liberación de los mercados; y con ello la baja de la presión tributaria sobre los ciudadanos del Brasil.
Reformas sociales
Todo el proceso económico viene acompañado de una reforma social, cuya máxima expresión ha sido la nueva ley de pensiones, un recorte de las prestaciones por jubilación que va a suponer un ahorro de 870.000 millones de reales (unos 193.000 millones de euros) en diez años para las arcas del Estado.
Hasta ahora, era posible que los brasileños se jubilaran con poco más de 50 años, pues el sistema permitía hacerlo tras contribuir durante al menos tres décadas. Sin embargo, la nueva ley impone una edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.
Según estudiosos, Bolsonaro revive algunos criterios del emperador Pedro II de Brasil, comercializa con el norte y Europa, apoya al sector privado, invierte en educación y seguridad, y promueve la libre empresa.
