Ingresó al Parlamento el proyecto de ley que reforma la educación superior y que incluye una gratuidad progresiva y sancionar el lucro, cambiando los mecanismos de control de la calidad de la enseñanza impartida.
Los planteles que no obtengan la certificación respectiva, que será obligatoria, no recibirán aportes estatales. Los centros de educación superior, de cualquier clase, obtendrán esta documentación por un plazo uniforme de ocho años, cuando deberán renovarla. Habrá tres niveles de acreditación y un periodo condicional transitorio, al que se podrá acceder sólo una vez.
En caso de que la institución no se acredite, se nombrará un administrador provisional, cuya misión será lograr que el plantel demuestre la calidad de los conocimientos que imparte. Si no lo logra en un plazo de tres años, se procederá a su cierre.
La acreditación se basará en cinco áreas obligatorias: gestión institucional; sistema interno de gestión de la calidad; docencia y formación; investigación, creación e innovación; y vinculación con el medio. Hasta ahora, las dos últimas eran optativas. Es decir que todas las universidades deberán docencia e investigación de forma obligatoria.
La acreditación la entregará el Consejo para la Calidad de la Educación Superior, que remplazará a las instancias actuales. Éste será un ente público autónomo, compuesto por once miembros, elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública y sujetos a reglas de probidad.
Se establece un nuevo sistema de admisión a cargo de una subsecretaría de Educación Superior, en lugar del Consejo de Rectores, como es hasta ahora.
La presidenta Michelle Bachelet indicó que esto implicará que se someterá a revisión las pruebas que se hacen a los postulantes y regirá igualmente para los institutos profesionales y centros de formación técnica, con mecanismos específicos de ingreso.
El proyecto también establece un trato especial para las universidades estatales, las que recibirán un financiamiento exclusivo, suprimiéndose varios trámites burocráticos que entraban su funcionamiento. Tendrá además habrá un fondo especial para la investigación, al que pueden optar todas las universidades gratuitas.
Las universidades estatales contarán con un gobierno, con la participación de la comunidad universitaria y del Estado. El rector será elegido únicamente por académicos, durará cuatro años y se limitará la reelección hasta por un solo periodo consecutivo.
Todo indica que el proceso parlamentario será largo y disputado, dada la falta de unanimidad al respecto y la oposición cerrada de la derecha, siendo posible que se transforme en un tema esencial de la próxima campaña presidencial.
Con información de Jornada
